El gobierno propone arancelar educación y salud para extranjeros y endurecer políticas migratorias. La medida fue anunciada en conferencia por Adorni. El vocero se justificó con datos falsos, y desde la oposición denuncian una avanzada xenofóbica con violaciones a los DDHH.
04.12.2024
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció medidas xenófobas que promueven restricciones en materia de derecho hacia los migrantes. Con una retórica xenófoba, planteó en conferencia de prensa que el gobierno va a arancelar la educación y la salud públicas para extranjeros y endurecer el régimen migratorio con la amenaza de deportaciones y penas más severas. Estas propuestas enfrentan limitaciones legales y operativas importantes, además de críticas por fomentar la estigmatización de los sectores más vulnerables.
Xenofobia liberal
Las medidas xenófobas del gobierno van en una línea liberal de arancelamiento de la educación pública. Para Adorni, un tercio de los estudiantes de medicina en Argentina son extranjeros, lo que justificaría un arancel para financiar las universidades. Además de que el dato es falso, pues solo el 4% de los estudiantes universitarios son extranjeros, la mayoría de ellos son residentes legales. Cabe destacar que lautonomía universitaria garantiza que las propias instituciones educativas definan sus políticas, limitando la posibilidad de implementar esta medida sin su consentimiento.
Pero el gobierno de la “libertad” no solo se conforma con arancelar la educación pública, si no que también impondrán restricciones en el acceso a la salud pública. Adorni anunció que buscan cobrar por la atención médica a extranjeros no residentes, justificando la medida como un intento de terminar con lo que según él son “tours sanitarios”. Nuevamente miente, la gran mayoría de quienes utilizan el sistema de salud público son residentes. Además, la propuesta chocaría con la descentralización del sistema de salud, gestionado mayoritariamente por provincias y municipios.
Obviamente, en su discurso trató de criminalizar la inmigracion, por lo que también anunció un endurecimiento del régimen migratorio. En este sentido, amenaza con ampliar la lista de delitos que motivarían deportaciones, incluyendo “atacar las instituciones democráticas” y establecer penas de prisión para quienes “violen prohibiciones de reingreso”. Las declaraciones incluyen expresiones peyorativas hacia los migrantes, como “malandras” y “oportunistas”, en un tono no solo discriminatorio sino que también criminalizador.
Entre críticas y limitaciones legales
Por un lado, como mencionamos, la autonomía universitaria hace inviable el arancelamiento sería inviable sin la aprobación de las universidades, que tienen plena autonomía sobre sus políticas internas. Por otro lado, tiene en su contra la descentralización de la salud, ya que la mayoría de los hospitales están bajo jurisdicción provincial o municipal, lo que dificulta la imposición de medidas nacionales.
Desde los organismos de Derechos Humanos y sectores amplios de la oposición denuncian que las iniciativas podrían entrar en conflicto con tratados internacionales sobre derechos de los migrantes y las leyes locales que garantizan el acceso igualitario a servicios esenciales.
La estrategia del gobierno responde a un intento de desviar la atención de la crisis económica y social que afecta al país, dirigiendo el malestar hacia los migrantes como un chivo expiatorio. En un escenario donde más del 50% de la población vive en situación de pobreza y los migrantes son particularmente vulnerables, estas medidas no solo son impracticables sino también peligrosas en términos de cohesión social.
