“Seis copias de un documento golpista fueron impresas en el Palacio de Planalto con recursos del Estado”, confirma la Policía Federal. Estas pruebas demuestran que se trato de un intento de golpe de Estado gestado en las cúpulas del poder. Jair Bolsonaro habría recibido el material el 17 de diciembre de 2022.
22.11.2024.
Las investigación en Brasil sobre una avanzada golpista contra el gobierno de Lula da Silva, luego de haber ganado las elecciones, ha sacado a la luz pruebas que implicarían al expresidente, Jair Bolsonaro, junto a exministros, asesores y altos mandos militares. El plan era evitar la toma de posesión del líder del Partido de los Trabajadores. La Policía Federal acusa al grupo de delitos graves, como “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Se destacan seis evidencias:
Reuniones con líderes militares
Reuniones con líderes militaresUn documento clave presentado por Bolsonaro ante los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea propuso declarar un estado de sitio y crear una comisión especial para investigar las elecciones de 2022. La reunión tuvo lugar el 7 de diciembre de 2022 en el Palacio de Alvorada, poco después de la derrota electoral. Los generales Marco Antônio Freire Gomes y Carlos de Almeida Baptista Júnior confirmaron la existencia de este plan, marcando un punto crítico en las investigaciones.
Documentos confiscados que planteaban acciones ilegales
En la residencia del exministro de Justicia Anderson Torres, se encontraron borradores que sugerían intervenciones directas en el Tribunal Superior Electoral (TSE), incluyendo la celebración de nuevas elecciones. Aunque estos textos no fueron oficializados, las investigaciones señalan que Bolsonaro estaba al tanto e incluso habría solicitado ajustes antes de abandonar el cargo.
Otro documento, titulado “Daga Verde-Amarela”, fue especialmente alarmante. Este detallaba un plan para eliminar a figuras clave de la política y la justicia brasileñas, como Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Vigilancia y planes de asesinato
El seguimiento al juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el proceso electoral, habría sido dirigido por el entonces funcionario Mário Fernandes, en colaboración con el teniente coronel Mauro Cid. Según la investigación, el propósito de esta vigilancia era secuestrar y posteriormente asesinar al magistrado, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
Impresión y distribución de documentos golpistas en sedes oficiales durante el gobierno de Jair Bolsonaro
El material vinculado al plan “Daga Verde-Amarela” fue impreso en las instalaciones del Palacio de Planalto, utilizando recursos del Estado. Las autoridades descubrieron que el general Mário Fernandes imprimió seis copias del documento el 16 de diciembre de 2022. Al día siguiente, llevó el material al Palacio de Alvorada, donde fue presentado a Bolsonaro y otros colaboradores.
Encuentro golpista previo a las elecciones
En julio de 2022, meses antes de los comicios, Bolsonaro se reunió con miembros de su gabinete en el Palacio de Planalto. Durante el encuentro, se discutieron posibles acciones en caso de derrota electoral. Según la Policía Federal, el general Augusto Heleno sugirió “cambiar la situación” antes de las elecciones. Por su parte, Mário Fernandes propuso asumir riesgos para desorganizar el país si no se autorizaba una intervención en los tres poderes.
Uso del Partido Liberal para fomentar teorías de fraude
El Partido Liberal (PL), liderado por Bolsonaro, desempeñó un papel clave en la difusión de narrativas sobre un supuesto fraude en las urnas electrónicas. En noviembre de 2022, el PL presentó una demanda para invalidar los resultados electorales, mientras el comité de campaña promovía una intervención militar.
Un panorama preocupante para la democracia brasileña
Estas pruebas, recopiladas durante casi dos años, revelan una red de acciones coordinadas desde los niveles más altos del gobierno de Bolsonaro. Las acusaciones no solo ponen en la mira al expresidente, sino que también resaltan los riesgos que enfrentó la democracia brasileña en un momento de profunda polarización política. Incluso durante la plena vigencia de su gobierno, en pandemia, Bolsonaro ya había amenazado con cerrar el Poder Legislativo de Brasil, movilizando a sus seguidores en una suerte de acto de demostración de fuerza.
El avance de las investigaciones podría resultar en nuevas imputaciones y agravar la situación legal de Bolsonaro y su círculo cercano. Mientras tanto, el gobierno de Lula busca reforzar la confianza en las instituciones y busca proteger el Estado de Derecho.
