El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió someter a juicio a Jair Bolsonaro por su rol en un intento de golpe de Estado contra Lula. La acusación incluye delitos como abolición violenta del Estado de derecho y organización criminal armada. El expresidente enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió, de manera unánime por sus 5 miembros, someter a juicio al ex presidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.
La decisión, adoptada por los magistrados Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin, marca un hecho histórico en la política brasileña, ya que es la primera vez que un expresidente o militar acusado de golpe de Estado responderá judicialmente por ese delito.
Bolsonaro, junto a otros altos funcionarios de su gobierno, enfrenta cargos por “abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio público”, según la Fiscalía.
Junto a él serán procesados Alexandre Ramagen, exjefe de Inteligencia; Almir Garnier, exjefe de la Marina; Mauro Cid, exayudante presidencial; Anderson Torres, exministro de Justicia; Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional; Paulo Nogueira, exministro de Defensa; y Walter Braga Netto, exministro jefe de la Casa Civil y compañero de fórmula de Bolsonaro en 2022.
Se acusa al expresidente de haber liderado un esquema para impedir la asunción del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras su derrota en los comicios de 2022.
El plan que incluía decretar un “estado de defensa” y, según la Fiscalía, contemplaba incluso el asesinato del juez Alexandre de Moraes y del propio Lula.
La causa se apoya en miles de pruebas recabadas por la policía, entre las que destaca un borrador de decreto para declarar el estado de sitio.
Además, el teniente coronel Mauro Cid confesó que recibió la propuesta de Bolsonaro de realizar el golpe.
El juez que leyó la acusación, Alexandre de Morales, leyó tramos de discursos y transmisiones en vivo donde Bolsonaro cuestionaba el voto electrónico, y argumentó que esto preparaba el terreno para cuestionar el resultado electoral.
Bolsonaro incluso reconoció que el borrador del decreto de golpe de Estado era verdadero, y se justificó diciendo que era una discusión preventiva porque “no está obligado” a confiar en los programadores del voto electrónico.
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Admitió que tras las elecciones del 2022 discutió con comandantes militares hipótesis para declarar el Estado de Sitio y de defensa, pero se defendió diciendo que esos escenarios están previstos en la constitución.
Finalmente el presunto complot no prosperó debido a la falta de respaldo de las altas esferas del Ejército.
La investigación también vincula directamente al ex mandatario con los violentos disturbios del 8 de enero de 2023, cuando grupos de sus seguidores irrumpieron en el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal, desatando el caos en la capital.
Bolsonaro se defiende
Bolsonaro, quien enfrenta una posible condena de hasta 40 años de prisión, aunque la pena máxima efectiva en Brasil es de 30 años, se sentó en primera fila durante el primer día de audiencias, en una postura desafiante ante el proceso.
El líder ultraderechista insiste en que es víctima de una persecución judicial con fines políticos.
Su defensa, encabezada por el abogado Celso Sanchez Vilardi, argumenta que “contra el ex presidente no se halló absolutamente nada” que lo incrimine directamente.
En un intento de frenar el juicio, la defensa de Bolsonaro intentó recusar a tres jueces del caso, incluido Alexandre de Moraes, alegando que este tenía “interés personal” en el proceso. Sin embargo, la Corte desestimó estos intentos.
Bolsonaro se encuentra inhabilitado políticamente hasta 2030 por sus ataques infundados contra el sistema electoral, pero aún mantiene aspiraciones de volver a la presidencia.
El ex mandatario compara su caso con el de Donald Trump, quien a pesar de sus problemas legales sigue en carrera por la Casa Blanca, y espera que el líder republicano pueda ejercer algún tipo de influencia a su favor. Mientras tanto, el gobierno de Lula enfrenta un descenso en su popularidad, lo que añade más incertidumbre al panorama político de Brasil.
El bolsonarismo convocó a una manifestación el próximo 6 de abril en la avenida Paulista de San Pablo. Ya ha habido grandes marchas en defensa del líder de ultraderecha y es probable que, mediante el proceso avance, se recrudezca también la polarización.
