Mientras la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y fuerzas de izquierda concentraban hoy frente a Tribunales, el Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso la “Ley ómnibus” o, como sus autores gustan llamarla, “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
La resistencia masiva, la traición de la CGT y el show represivo de Bullrich
A lo largo de sus 351 páginas propone reformas profundas del Estado que atentan directamente contra los intereses de la clase trabajadora en y de la democracia tal cual la conocemos.
De esta manera, consolida un marco de ajuste que solo logrará que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Para quienes protesten, no solamente cortando una calle, si no juntándose entre más de tres personas con una pancarta, la respuesta será la criminalización y la persecución política. Entonces, ¿libertad para quiénes?
Llevarse puesta la democracia
Desde la fundamentación hasta los últimos artículos, este proyecto promete “establecer un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para proyectos nuevos o ampliaciones de existentes con incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y protección eficiente”. Y, para no tener que depender de los posibles reveses que pudiera tener en cualquiera de las dos cámaras parlamentarias (en las cuales no posee mayoría), la primera medida adoptada sería declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. En principio durante un período de dos años y pudiendo extenderse dos años más, es decir, hasta el final del mandato.
Esto otorga y extiende facultades que pertenecen al Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Esto para, básicamente, tomar las decisiones sin un debate de por medio y sin correr el riesgo de que queden sin efecto o se archiven durante dos años hasta pasadas las elecciones de medio término.
La ley ómniubos deja anulado el Estado de Derecho
De esta manera, garantiza que un poder, el Ejecutivo, sea hegemónico sobre el legislativo y, de este modo, deja completamente anulado el Estado de derecho. Además de vulnerar la libertad de expresión.
Privatizaciones
Otro de los puntos que no pasa desapercibido es el extenso listado de empresas estatales que se podrán privatizar. Una cuestión que había sido anticipada por el propio Javier Milei en etapa electoral. En el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, publicado la semana pasada y que entrará en vigencia a partir del 29 de diciembre, ya se promulgaba la transformación de la forma jurídica de estas sociedades “del estado” a “anónimas” para facilitar la sesión de sus títulos y estatutos de propiedad. Con la Ley ómnibus suman 41 firmas que podrán ser vendidas a privados. Entre ellas los medios públicos, las explotadoras de recursos como YPF y Yacimientos Carboníferos Fiscales, la Administración General de Puertos y el Banco Nación. Además de AYSA, que regula la llegada de nada menos que el agua potable, que es un bien de subsistencia universal.
Permite el ingreso de fuerzas armadas extranjeras al país
Este gran llamado a los capitalistas internacionales a que vengan a seguir saqueando los recursos, ahora con menos escrúpulos que antes, también propone la completa vulneración para con el territorio y la soberanía nacional en cuestiones de defensa. En el artículo 346, se promueve el “ingreso de fuerzas extranjeras”. Y, nuevamente, cede facultades al Poder Ejecutivo que en la actualidad no le corresponden: “Facúltase al Poder Ejecutivo a autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”. De este modo, países con tradición colonizadora como Reino Unido o los mandatarios de la “democracia universal” como Estados Unidos podrán instalarse dentro del país. Esto va de la mano con la derogación de la Ley de Tierras, también prevista en el DNU.
Criminalización de la protesta social: de ahora en más juntarse entre tres personas con una pancarta podría ser delito
Y por último, pero no menos importante, el punto cúlmine con la criminalización de la protesta social. Después de la fracasada aplicación del protocolo represivo propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este proyecto propone penas de entre uno y cinco años de cárcel (contemplando diferentes agravantes) para todas aquellas organizaciones que se concentren y protesten. Sea de manera organizada, como la jornada de hoy, o sea de forma espontánea, como los cacerolazos que se dieron la semana pasada luego de publicado el DNU. Considera “reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres o más personas”, además de incluirlo en la nómina de delitos “no excarcelables”. De este modo, el Gobierno impediría continuar en la profundización de la entrega y el ajuste sin que la gente pudiese salir a la calle a repudiar y reclamar por sus derechos.
Con un discurso basado en la pesada herencia y hacia una “modernización del Estado”, Milei apunta a retomar la Constitución Nacional de 1853.
