En los noventa, el presidente, Carlos Menem decidió privatizar las empresas del Estado. Entre las más destacadas están YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), Gas del Estado, Aguas Argentinas y las líneas ferroviarias. Esa política marcó un antes y un después en la historia del país, y ahora vuelve a reflotar con la Ley Bases de Javier Milei. ¿Qué lecciones podemos sacar de ese capítulo nefasto de la historia argentina? ¿Qué peligra si se repite en la actualidad?
Supuesta respuesta a una crisis:
Las privatizaciones eran presentadas como una solución a la crisis hiperinflacionaria y como una respuesta a la “urgente” necesidad de “modernizar” la estructura económica de la Argentina. Fueron respaldadas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y por líderes políticos y económicos cercanos a su gobierno. Entre los defensores destacan algunas figuritas controvertidas del menemismo, como Domingo Cavallo, creador del “plan de convertibilidad” que fijó la paridad entre el peso argentino y el dólar norteamericano.
Las privatizaciones contaron con el respaldo de distintos sectores empresariales, especialmente aquellos interesados en aumentar su participación en la economía argentina y obtener beneficios a costa de la población. Entre los beneficiados destacan Eduardo Eurnekian, Gregorio Pérez Companc y Marcelo Mindlin. Todos ellos criticados por la concentración de poder económico, el abuso de vínculos con funcionarios gubernamentales, la baja calidad de algunos de los servicios que ofrecen sus empresas y sus impactos a nivel ambiental y social –degradación del entorno, contaminación, violación de derechos laborales, entre otros–.
Los defensores de la privatización prometían que esta medida iba a traer eficiencia, inversión extranjera y un presunto crecimiento económico que beneficiaría a la sociedad. Sostenían que la competencia en un mercado privatizado iba a estimular la innovación, aumentar la productividad y mejorar la calidad de los servicios. La venta de empresas a inversores extranjeros –decían– iba a atraer capital y conocimientos técnicos, impulsar la economía, modernizar la infraestructura y crear empleo. Y argumentaban que la mejora en la eficiencia y calidad de los servicios, junto con el crecimiento y la creación de empleo, llevarían a mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza y la desigualdad.
Estos argumentos están en línea con lo que se conoce como “teoría del derrame” (trickle-down theory), que dice que si los sectores más ricos de la sociedad se benefician (mediante políticas como la reducción de impuestos para empresas y personas de altos ingresos), eventualmente los beneficios llegarán a los estratos más bajos, mejorando el bienestar general. Sin embargo, en la práctica, las privatizaciones sólo beneficiaron a los sectores más ricos y a los políticos de turno, empobreciendo al resto. Esto se reflejó en despidos, aumentos de tarifas y deterioro de la calidad de los servicios, especialmente para los grupos más vulnerables.
El proceso de privatización:
El proceso de las privatizaciones fue un torbellino legislativo y político que dividió a la sociedad. Decretos, leyes y acuerdos internacionales marcaron el camino para vender empresas estatales clave, desde compañías de servicios públicos hasta empresas de comunicaciones y transporte. Entre esas leyes, se destacan:
1) La Ley de Reforma del Estado (N° 23.696/89): sentó las bases para privatizar numerosas empresas estatales. Estableció los criterios generales para las privatizaciones y otorgó al Poder Ejecutivo facultades amplias para llevar adelante ese proceso (como pasaría ahora si se aprueba la Ley Bases).
2) Decreto de Emergencia Económica (N° 2.078/89): declaró la emergencia económica en la Argentina y le permitió al gobierno tomar medidas extraordinarias que incluían las privatizaciones.
3) Acuerdos con el FMI y el Banco Mundial: incluían condiciones relacionadas con la implementación de políticas de ajuste estructural y reformas económicas, entre ellas, la privatización de empresas del Estado. Estos acuerdos proporcionaron financiamiento y respaldo internacional para el proceso de privatización.
Además, el gobierno de Menem emitió una serie de decretos específicos que definían los plazos y las condiciones para la venta de cada empresa.
En medio del fervor privatizador, las voces disidentes alertaron sobre el riesgo de pérdida de soberanía y control nacional sobre los recursos estratégicos. Panorama parecido a lo que pasa hoy: entre los opositores, estaban los sindicatos y trabajadores afectados por las privatizaciones, la izquierda, el PJ disidente, algunos sectores del radicalismo, diversas organizaciones de Derechos Humanos y de consumidores y un conjunto de académicos y expertos.
3-Efectos de las privatizaciones:
Como sabemos, los efectos de las privatizaciones no cumplieron las promesas de sus defensores. Al contrario: profundizaron la espiral de desigualdad, precarización laboral y deterioro de servicios básicos. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos, la falta de inversión en infraestructura y la pérdida de control sobre sectores clave de la economía fueron algunos de los resultados amargos de esta política.
¿Qué consecuencias generaron?
1) Mayor desigualdad: la transferencia de empresas estatales a manos privadas concentró la propiedad y el control de la riqueza en unos pocos individuos y corporaciones, fortaleciendo la brecha entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores.
2) Precarización laboral: la privatización trajo una serie de medidas destinadas a reducir “costos laborales” (como se quiere hacer hoy con la Ley Bases). Esto resultó en la precarización del empleo. Los nuevos propietarios despidieron gente, redujeron salarios y eliminaron beneficios laborales, lo que afectó negativamente la estabilidad y seguridad laboral de los trabajadores.
3) Deterioro de servicios: al contrario de lo que mantenían sus promotores, las privatizaciones resultaron, la mayoría de las veces, en el deterioro de los servicios básicos. Las empresas privadas a menudo priorizaron maximizar sus beneficios por sobre la prestación de servicios de calidad. Esto llevó a aumentos de tarifas, reducción de la inversión en infraestructura y mantenimiento, y empeoramiento de la calidad de servicios esenciales como agua, electricidad, transporte, etc. La situación que vivimos hoy de servicios como la luz es una consecuencia a largo plazo de esas políticas.
4) Falta de inversión en infraestructura: la privatización también produjo una menor inversión en infraestructura pública. Los nuevos propietarios, motivados por el lucro, descuidaron la inversión en infraestructura básica necesaria, lo que resultó en un estancamiento o incluso un retroceso del desarrollo infraestructural del país.
5) Pérdida de control y soberanía: la privatización redujo el control del Estado sobre sectores clave de la economía, lo que limitó su capacidad para regular y proteger el interés público. Esto resultó en una mayor vulnerabilidad a la volatilidad de los mercados, la manipulación de precios y prácticas comerciales abusivas de las empresas, y en una pérdida de capacidad para intervenir en situaciones de crisis o emergencia.
Conclusiones inquietantes
Hoy, cuando se escuchan los ecos de un retorno a las privatizaciones, tenemos que recordar las experiencias del pasado. Permitir que las empresas del Estado caigan en manos privadas va a llevar a repetir esos “errores”, con consecuencias desastrosas para nuestra sociedad. La desigualdad social y económica, la pérdida de soberanía, el deterioro de la calidad de vida y el aumento del déficit fiscal son sólo algunas de las cuestiones que resuenan de la experiencia de esos años oscuros.
