“Si no están los movimientos sociales están los narcos, porque el Estado no está presente en los barrios”, declaró Charly Fernández, quien fue víctima de un violento allanamiento el pasado lunes 13 de mayo. Según relató en los medios: “Entraron por la noche donde estaban durmiendo mis hijos, nos rompieron la puerta, me tiraron al suelo y nos encañonaron”.
Este gravísimo e ilegal atropello es parte de una serie de allanamientos realizados a diferentes organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el Polo Obrero o el FOL, vinculados a una investigación sobre supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para su participación en protestas.
Las organizaciones sociales denuncian irregularidades en el procedimiento, sugiriendo que los allanamientos tienen como objetivo amedrentarlas y desalentar su labor comunitaria. Los dirigentes afectados, como Charly Fernández, describen denuncian que se buscó intimidar con agentes no identificados y un enfoque en demostrar poder más que en encontrar pruebas, y reafirman la determinación de continuar con su trabajo comunitario a pesar de la presión del Gobierno.
Resistencia Online: Sufrieron allanamientos durante la noche, siendo apuntados con un arma y estando en casa con sus familias. Todo esto en el marco de una campaña de estigmatización contra las organizaciones sociales.
Charly Fernández: Lo que ha pasado es que encontraron cinco personas que ratificaron denuncias la línea 134, planteando que las organizaciones sociales somos criminales. Ese es el argumento del fiscal.
Este policía, al presentar las pruebas, lo primero que sucede es que el juez se lo rechaza, porque ve que los fundamentos no daban ni para allanamiento ni para indagatoria, para nada. Finalmente lograron encontrar una Cámara de la Ciudad, que es de esas cámaras adictas al macrismo, y esa Cámara falla que nos manden el allanamiento. Pero antes, lo que nos hacen es un operativo de más de seis meses de inteligencia, pinchando en los teléfonos, siguiéndonos, con un despliegue de inteligencia brutal.
¿Cómo se desarrollaron los allanamientos?
Los allanamientos fueron en total 27, donde había espacios comunitarios, comedores y también casas como la nuestra, de muchos dirigentes, pero también delegados en los barrios. Pero más allá de los dirigentes, nos parece importante mostrar que son los compañeros y compañeras que están viviendo en las villas, que les patearon la puerta, les sacaron los poquitos pesos que tenían. No solamente a ellos, sino a sus hijos, su familia.
A parte de la violencia física que sufrimos, también está la xenófoba y el racismo de las fuerzas represivas. Vienen a los barrios populares y hacen cualquier cosa con la violencia que tienen los allanamientos en los barrios. Ese es el estado de situación en el que estamos hoy.
¿En qué instancia se encuentra la causa? ¿Tienen alguna estrategia legal ya planificada para responder este amedrentamiento?
Estamos recién tomando contacto con la causa, porque es un show mediático muy grande. Entonces, saben antes los medios que nosotros. O sea, había secreto de sumario y no sabíamos por qué nos habían imputado y ya estaban todos los medios, material de información de que han relevado inteligencia. Nosotros estuvimos viendo las cuestiones judiciales y realmente en el caso del FOL, no es muy grande la causa. No estamos encontrando argumentaciones, por lo menos las primeras medidas que están tomando. Hay que ver qué pasa después con los allanamientos.
Violentos allanamientos a referentes y organizaciones sociales
Muchos compañeros que son abogados nos plantean que los fundamentos no dan ni siquiera para un allanamiento. Sino que nos podrían llamar a indagatoria o nos podrían llamar a presentar nuestros teléfonos celulares o nuestros dispositivos, pero no como nos pasó a todos. Hoy estamos pensando en la estrategia judicial. Tenemos que fortalecernos en los territorios, porque esto también mete mucho miedo.
Es realmente desalentador ver cómo se intenta criminalizar a los militantes sociales y populares. Sabemos que se levantan temprano todos los días, van a los comedores, y luchan por transformar la sociedad y atender necesidades que el Estado no está abordando adecuadamente. Es crucial resistir a esta narrativa difamatoria y reconocer el valor y la dedicación de los militantes sociales…
Sí. Muchos de nuestros compañeros sienten la presión de sus familias también, incluso porque dicen: “che, vos estás haciendo eso en un barrio y todos nuestros compañeros y compañeras todos los días éramos los héroes de la pandemia”. Mientras sectores de la clase media se guardaban en su casa, fuimos nosotros los que salimos a los barrios. Desde arrancar la olla, a llevar a las compañeras, a que hagan los testeos de COVID, a usar nuestros espacios como centros de vacunación. Ahora pasamos de ser los héroes de la pandemia a ser unos demonios terribles que armamos organizaciones criminales para robarle plata a la gente. Esto no quiere decir que si en algún lugar algún compañero hacía uso indebido de poder o asumía autoridad.
¿Cómo describirías el impacto de la narrativa que intenta mostrar a las organizaciones sociales como entidades criminales?
Es realmente doloroso ver cómo se intenta pintar a las organizaciones sociales como entidades diseñadas para aprovecharse de los pobres. No podemos permitir que se hagan generalizaciones injustas que alimenten ese espectáculo mediático.
Es claro que su principal interés es ese show, independientemente de si pueden demostrar sus acusaciones o no. Nosotros, que llevamos décadas en la militancia, sabemos que ningún dirigente de los movimientos sociales se ha enriquecido ilícitamente. Conocemos de cerca a estos líderes, hemos compartido historias de vida dedicadas a esta causa, sabemos cómo viven, dónde viven.
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Tomemos por ejemplo el caso de la compañera a la que le encontraron plata. Ella es hija de Jorge Dotti, un intelectual que tenía una situación económica privilegiada. Sin embargo, ella eligió militar en los barrios populares, trabajar incansablemente todos los días, renunciando a una vida cómoda. Es una injusticia total lo que estamos viviendo. Nos angustia no solo por lo que dicen de nosotros, sino por cómo difaman a nuestros compañeros de lucha, aquellos que están siempre dispuestos a ayudar en momentos difíciles, que acompañan en situaciones de emergencia, que organizan actividades para garantizar el acceso a la educación y cubrir necesidades básicas.
Le decimos a la sociedad que si no estamos nosotros, están los narcos. Si nos marginan por ser los “sucios, feos y malos” del territorio, alguien más ocupará nuestro lugar para organizar la necesidad. Si no somos nosotros, el Estado no está presente, y quienes ocupan ese vacío son los narcotraficantes. Esa es la realidad. Ese es el peligro del daño colateral de lo que están haciendo.
Violentos allanamientos a referentes y organizaciones sociales
¿Cómo funciona el Frente de Organizaciones en Lucha?
Todas las organizaciones operan de manera diferente, con características comunes y distintivas.
Nuestra organización tiene una fuerte orientación hacia el trabajo, la producción y la cooperación, la cual existía mucho antes de la implementación de programas como Potenciar Trabajo. Desde 2004, 2005 y 2006, hemos estado desarrollando cooperativas y emprendimientos productivos. Contamos con una estructura consolidada en torno a estas cooperativas.
Algunas acusaciones, como la supuesta realización de inversiones financieras, carecen de fundamento. Nuestras estrategias financieras se enfocan en apoyar a nuestros compañeros para completar proyectos, especialmente frente a la inflación que afecta el costo de materiales como el cemento.
Nuestro objetivo es generar empleos y promover empresas sociales de manera colectiva y autogestiva. No perseguimos ganancias, sino excedentes que reinvertimos en nuestra estructura socio-comunitaria. Esta incluye una variedad de actividades complementarias al trabajo territorial, como bachilleratos populares, espacios de género y promoción de salud. Todo lo que hacemos se basa en la participación voluntaria y la autogestión comunitaria, y desmentimos rotundamente cualquier acusación de coerción. La movilización de miles de personas en nuestras actividades demuestra nuestro compromiso y capacidad de convocatoria en los movimientos sociales.
RO: Hoy escuchaba a Eduardo Belliboni, quien abordaba el tema de las movilizaciones y denunciaba la presunta extorsión del Gobierno para disuadir a la gente de manifestarse bajo la amenaza de perder sus beneficios. A partir del lanzamiento del Protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Esto plantea un dilema importante, ya que la movilización y la protesta son derechos democráticos garantizados por la Constitución.
Hay algo aún más grave que afecta las libertades democráticas. Se ha modificado el reglamento del programa Potenciar Trabajo para prohibir a las personas movilizarse. Esto significa que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y reciben asistencia social deben renunciar a un derecho democrático fundamental: el de expresarse y movilizarse. Es absurdo que el Estado restrinja esta libertad, ya que recibir asistencia pública no debería implicar la renuncia a expresar nuestras opiniones. Todos, sin importar quiénes sean, deberían tener el derecho de participar en movilizaciones sociales, religiosas o de cualquier otra índole, sin impedimentos por parte del Estado.
¿Cuáles son las perspectivas de lucha para defender a las organizaciones sociales?
Estamos aún asimilando el impacto de lo sucedido, sinceramente. Anoche, tuvimos nuestro primer contacto con la causa. Nos hemos reunido, naturalmente, todas las organizaciones sociales, no solo las afectadas. La solidaridad de nuestros compañeros ha sido extraordinaria.
En el local de la UTEP, nos encontramos con representantes de diferentes expresiones políticas, movimientos sociales, la izquierda y sindicatos. La respuesta inmediata y sin dudar de quienes nos conocen es algo que agradezco profundamente.
Ellos saben quiénes somos, han caminado con nosotros en innumerables barrios. Ahora, estamos planeando en conjunto. Queremos proteger a nuestros compañeros y garantizar que no se violen más derechos. Algunos de nosotros ya hemos hablado con abogados y medios, pero necesitamos la perspectiva de todos. Mantener la unidad es fundamental.
CM
