Como era de esperarse el megaproyecto de mas de 350 paginas presentado por La Libertad Avanza no se olvida de atacar la educación en nuestro país. Gran parte de los artículos apuntan a modificar la Ley de Educación Nacional y la Ley De Educación Superior.
Los docentes en la mira
En el texto plantea, mediante la modificación de la la ley 26.206, que será obligatorio evaluar cada cinco años a los docentes nuevos a través de un examen.
Esta evaluación estará a cargo de la Secretaria de Educación de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de educación. Cuáles serian los criterios de estas evaluaciones no es algo que este claro al momento de escribir estas líneas.
Es decir, vamos a poner a un Gobierno negacionista del cambio climático, antifeminista, cuya encargada del Área de Capital Humano es profesora de reiki a juzgar si un docente es bueno o es malo sin ningún criterio previamente acordado.
Obviamente estas normativas no iban a olvidarse de eliminar el derecho a huelga de los docentes. En el DNU se establece que la educación es un servicio escencial. Eso significa que los docentes van a tener que garantizar el 75% de presentismo en caso de paros. Sí, solo un 25% de maestros y profesores van a poder parar.
Cabe destacar que uno de los ataques mas concretos que recibe la docencia mediante este proyecto es la desjerarquizacion de su titulo. Sobre la base de que se habilita el ingreso al sistema educativo a quienes posean un titulo técnico o de grado, la didáctica y la pedagogía, pilares fundamentales para una educación de calidad quedan relegadas a un segundo plano.
Alumnos, evaluaciones, y presencialidad
Este mega proyecto también plantea un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes y las capacidades desarrolladas por los jóvenes que egresan. Se les dará una devolución así como un certificado, pero tampoco queda claro cual seria la consecuencia de aprobar o no este examen, ni el criterio con el cual se tomará.
Probablemente uno de los puntos mas importantes de este apartado tiene que ver con la presencialidad. La ley ómnibus plantea modificar el Articulo n 109 de la Ley de educación Nacional: “ Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”. Es necesario remarcar que la ley planteaba que la educación a distancia, virtual, solo podía impartirse a partir de los 18 años de edad. Bueno ahora se pretende que sea a partir de los 9 años de edad.
Arancelamiento y ajuste presupuestario.
Varias son las modificaciones que se realizan a la ya polémica Ley de Educación Superior (LES). Hay tres ejes que revisten vital importancia.
El primer párrafo en relación a la modificación de La LES plantea lo siguiente: “Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos”. Los “requisitos previstos” son ser ciudadano argentino o extranjero con residencia. Por lo cual se abre las puertas del arancelamiento a gran parte de la población estudiantil.
Además del problema discriminatorio que implica cobrarle la enseñanza universitaria a estudiantes extranjeros, darle al gobierno la llave del arancelamiento universitario es muy peligroso. Es una puerta que luego de abrirla, empujarla va a resultar más sencillo. Sobre todo frente a un Gobierno que está ideológicamente en contra de la educación pública. Hoy pueden cobrarle a los inmigrantes, mañana a los que desaprueban, pasado a quién sabe.
Otro de los puntos fundamentales en relación a la educación superior es el financiamiento. Se tendrá en consideración la cantidad de estudiantes de cada institución, el tipo de carrera ofrecida, el numero de egresados, y “otros criterios que se definan” a la hora de destinar los recursos. Desde ya el criterio de análisis es un misterio. La única certeza es que se abre la puerta a la competencia desde un punto de vista puramente mercantil, en función del mercado, de las ganancias de unos pocos y no del pueblo argentino.
Ale Castaño
