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    Federico Paruolo: “La Ley Bases es nula porque la senadora Crexell vendió su voto”

    Tras aprobarse la Ley Bases en el Senado, el abogado Federico Paruolo denunció a la senadora del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell, por haber cambiado su voto luego de que el propio Gobierno le ofreciera ser embajadora en la UNESCO. En una entrevista exclusiva para Resistencia Online, Paruolo detalló los hechos previos a la votación y explicó cómo el ofrecimiento de un cargo diplomático influyó en la decisión de Crexell, lo que se considera un acto de corrupción.

    Según Paruolo, este cambio de posición contradice declaraciones previas de la senadora y constituye un indicio suficiente para sustentar la denuncia presentada. La denuncia le atribuye el delito de “cohecho”, que implica la corrupción de funcionarios públicos: “deberían haber suspendido el tratamiento de la ley hasta que averigüen qué pasó”.

    ¿Cómo se dieron los hechos previos a la votación de la Ley Bases como para entender que el cambio de voto de la senadora Lucila Crexell encaja en un hecho de corrupción?

    Había también una nota muy larga en un medio explicando por qué estaba en contra de la vieja Ley Bases. Tenía declaraciones muy claras al respecto y, a partir de una reunión con Guillermo Francos surgieron rumores de que se le estaba ofreciendo la Embajada de la UNESCO a cambio de su voto. Eso se verificó anteayer, un día antes de la votación, cuando salió un documento del Departamento Jurídico de Cancillería. Este documento es como el borrador del comunicado que hace el Ejecutivo al Senado para proponerla como embajadora. En función de eso, entendí que ya estaba acreditado el delito, que no solo implica recibir la dádiva, sino que también haya una propuesta, un ofrecimiento. Por eso se hizo la denuncia.

    Lucila Crexell es la senadora que votó a favor de la Ley Bases. Imagen: Senado de la Nación.
    Lucila Crexell es la senadora que votó a favor de la Ley Bases. Imagen: Senado de la Nación.

    Primero Lucila Crexell había votado en contra del DNU, que tiene un contenido de legislación muy similar a la Ley Ómnibus. Además, ha tenido manifestaciones públicas muy opositoras a esta legislación. Si se tiene en cuenta esto, ¿uno puede utilizarlo como prueba o necesita el material probatorio explícito?

    Son pruebas de indicios. Es como si me dijeras “che, mirá, él mató a alguien” y me dijeras “para probarlo quiero verlo acuchillando a su vítcitma”. Y no, si tengo el cuchillo con sangre y te vi dos minutos antes de que muriera la víctima, es difícil que se diga que esa persona es inocente. Aquí es más o menos lo mismo.

    Si vas concatenando los hechos, sabemos que estuvo en contra, se opuso al DNU, dijo que la Ley Ómnibus no debía salir, y luego tiene una reunión de la cual surge que se le ofrece una embajada, después sale el documento en el cual la proponen para la embajada y su voto cambia. Hay una suma de indicios que me permite, por lo menos, avanzar con la investigación. Después, obviamente, hay algunas medidas que se pueden tomar para buscar pruebas, como el cruce de llamadas telefónicas, ver dónde estuvo un teléfono y dónde estuvo el otro. Es muy difícil conseguir una prueba de ella diciendo “che Guillermo, te doy el voto a cambio de la embajada”. No va a pasar.

    Teniendo en cuenta que la votación de la Ley Bases salió 36 a 36, el voto de Crexell es completamente definitorio, ¿qué sucede si se comprueba que fue una votación basada en algo que es ilegal?

    El problema es el tiempo, porque la ley está sancionada, se publica, entra en vigencia y si alguien adquiere derechos en función de esa ley, la ley es nula porque la senadora vendió su voto y tiene derechos adquiridos, se contraponen ambas cosas. Entonces, si esto hubiese sido medianamente rápido, en 24 o 48 horas, se habría suspendido el tratamiento de la ley hasta averiguar más o menos qué pasó y tomar una decisión.

    En realidad, la decisión más fácil era que la senadora se apartara o se suspendiera el dictamen, se aparta y se designa a quien la sucede.

    Tenías votando a alguien por dinero. Son personas elegidas para trabajar en función de su íntima convicción. Ella puede cambiar de opinión, lo cual es válido. Lo que no es válido es que sea por plata, porque ahí se acaba el sistema democrático.

    ¿Qué medidas pidieron al respecto?

    Yo pedí medidas cautelares dentro de la denuncia penal. Pedimos distintas medidas, dos cautelares: que se suspenda el trámite de la ley hasta que se aclare la cuestión o que se suspenda directamente a la senadora y se haga el procedimiento para reemplazarla como corresponde. Esto lo podría hace la cámara bien rápido. No tarda mucho porque es un acuerdo de la mayoría que tiene el Gobierno con los acuerdos que posee. Se ponía a su reemplazante y no votaba esta persona.

    ¿Cómo sigue la situación?

    La fiscalía va a investigar. Yo creo que no va a pasar nada, sinceramente, porque la tiene un juez que no creo que la mueva, Lijo.

    Es llamativo que todas las denuncias contra el Gobierno le caen a Lijo…

    Es un trámite bastante sencillo, como suelen ser las denuncias. Se van cargando en un sistema. Entonces, eso es lo que hacen, las van leyendo y repartiendo. De hecho, aunque yo la presenté a las 07:30, recién empezaron a cargar denuncias a las 09:30. Van leyendo todo lo que tienen y van cargando las que no son complejas, hasta que en la bolilla cae ese juzgado, entonces deciden cuál van a procesar ahí. Funciona de esa manera.

    El palacio, la calle y el show

    Y en ese ínterin se aseguran también de tener un juez favorable a cada una de las denuncias que les convienen. 

    Ya lo hablaba precisamente en otro programa sobre la Justicia argentina, que, salvo dos periodos históricos muy claros, el primer y segundo peronismo y con la reforma de la Corte de Néstor, siempre jugó a favor de los sectores hegemónicos de poder.

    No es algo nuevo. No es que si no hubiera estado en la Corte hubiera sido diferente, porque no van en contra de quienes ejercen y detentan efectivamente el poder en Argentina, que son las grandes corporaciones que están detrás de todo este entramado legal. La realidad es esa.

    Sí esta ley afectara los intereses del Grupo Clarín, La Nación, etc., a la senadora la hubieran sacado en dos horas. Es así como funciona. Si esto hubiera ocurrido en 2013 y el denunciado hubiera sido Rodolfo Thailade, lo mandaban a detener en dos horas.

    ¿Algún último mensaje que quieras dejarle a nuestra audiencia?

    Lo que me parece necesario es establecer un registro para denunciar todo lo que se considere que está mal, porque eso queda documentado en algún lugar, en la memoria. También es crucial crear un registro de denuncias, porque en unos años las circunstancias podrían cambiar y es importante dejar constancia de estas cuestiones. No hay que tener miedo a denunciar. Yo fui el único que lo denunció, de hecho, me pareció raro. No hay que tener miedo a denunciar.

    CM

     

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