Milei dice que el paro general costó más de 500 millones de dólares en pérdidas, ¿cuánto perdimos desde que él gobierna?
Algunos dicen que el paro general de este jueves fue el más contundente de los últimos 20 años. A pesar de no haber sido un paro activo con movilizaciones, la postal de las calles vacías reflejó el gran impacto que tuvo la medida. Las estaciones de tren y colectivos amanecieron prácticamente desoladas, y aunque algunos negocios abrieron, lo hicieron con muchísima menos actividad que lo habitual.
El Gobierno, como de costumbre, salió a deslegitimar la medida. El Presidente utilizó toda su mordacidad en redes sociales para buscar la etimología de la palabra “paro” y revelar que significa ”desnudez” y “faraón”. No se preocupen, yo tampoco entendí qué diantres quiso decir.
Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que el paro “no tenía ninguna justificación”, mientras que Patricia Bullrich llevó la expresividad un paso más allá. Quiso hacer una crítica performática al paro tomando uno de los colectivos que circulaban por la ciudad, debido a que el transporte circulo a la mitad de la frecuencia habitual. Pero su performance terminó pareciéndose más a un sketch de Capusotto que a otra cosa. Al querer pagar, la SUBE que le prestaron no tenía carga. Una postal de la Argentina sin saldo en la que vivimos.
Pérdidas millonarias
El Gobierno afirma que el paro representó, para la Argentina, pérdidas de más de 500 millones de dólares. Incluso algunos canales chupamedias pusieron en pantalla un contador en tiempo real que contabilizaba las pérdidas. Algo que no hicieron, por ejemplo, para medir el riesgo de cierre de las universidades o el derrumbe del poder adquisitivo del salario.
Pero lejos del discurso oficial, los que vienen perdiendo en Argentina son los trabajadores y sectores populares. Según el INDEC, el salario registrado cayó aproximadamente un 24% interanual y un 17% con respecto a noviembre del 2023, que es cuando asumió la nueva gestión. Pero esto no toma en cuenta el empleo no registrado, que sufrió mucho más frente a la inflación que aquellos que cuentan con posibilidad de sindicalización y paritarias.
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Daer, uno de los dirigentes de la CGT que convocó al paro, detalló cómo el ajuste fiscal del gobierno recayó en los más vulnerables. Representó un 31% de caída en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87% en obras públicas, un 9% en subsidios al transporte, el 76% de las transferencias a las provincias y 18% en recortes a las universidades.
Recesión en la industria
Pero incluso si evaluamos el país en términos capitalistas, el plan económico de Milei viene siendo un fracaso para una gran parte de ellos. El Indec reveló esta semana que durante el tercer mes de 2024 las constructoras cerraron con una reducción del nivel de actividad del 30%, mientras que la producción industrial perdió, en promedio, un 21%. Es el peor resultado desde la salida de la pandemia.
Alimentos y bebidas se contrajo un 14.2%, maquinaria y equipos un 37.9%, industrias metálicas básicas un 34%, productos minerales no metálicos 35%, vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes un 25%, productos de metal un 24%, productos de caucho y plástico un 23%, prendas de vestir, cuero y calzado un 21%, y así podríamos seguir.
La brutal recesión y caída del consumo que estamos viviendo es el ancla de la inflación que Milei ostenta como triunfo macroeconómico, el único índice que el Gobierno parece tener en cuenta. Pero la demora en la liquidación de la cosecha y el encarecimiento del país en dólares presionan hacia una nueva devaluación.
Y cuando hablamos de destrucción de la industria, de recesión, de caída de la actividad, hablamos de problemas a mediano y largo plazo, porque se cortan las cadenas de pagos, empiezan los despidos y los ajustes en las PYMES, de ramas donde fuentes de trabajo cierran y sectores enteros dejan de ser competitivos. Esto implica una multiplicación del desempleo en el país, miles y miles de trabajadores que serán echados con sus familias a la calle. Un panorama para nada alentador.
Destrucción de la sociedad Argentina
Argentina es un país donde, estructuralmente, se aplica aquello que León Trotsky, el revolucionario ruso, llamó “desarrollo desigual y combinado”. Las divisas se generan principalmente por los productos agrarios, pero la vida en la ciudad está regida por la producción industrial y manufacturera, además, obviamente, los trabajadores de servicios ligados a otras actividades y cadenas de valor.
El entramado productivo del país combina sectores que requieren del apoyo estatal para poder subsistir por la dificultad de competir con países industrializados en el mercado mundial. La liberalización minarquista de Milei representa el intento de aniquilar todos los sectores productivos que dependen del subsidio estatal, y convertir el país en tierra arrasada para los sectores competitivos.
Algunos dicen “latinoamricanizar” la argentina, para compararlo a economías como la de Venezuela y Bolivia, donde la industria es muchísimo más débil y el empleo es informal masivamente.
En definitiva, el plan Milei destruye las bases económicas y sociales del país en beneficio de un saqueo para los terratenientes, los capitalistas del campo, los especuladores financieros y las multinacionales que deseen explotar nuestros recursos naturales dejando un mínimo en regalías.
El ariete de las reformas
Frenado el DNU por el momento, la Ley Bases es el nuevo “ariete” para esa transformación estructural del Estado argentino, ya nos hemos referido aquí los cambios que introduce en materia laboral. Si vamos a lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria, la Ley Bases incluye un Régimen de Inversiones de grandes inversiones (RIGI), algo que desató polémica en el debate parlamentario, y que podría ser catalogado directamente como la legalización del saqueo del país en beneficio de las empresas extranjeras.
Este régimen de inversiones reduce los impuestos por ganancias para estas empresas del 35 al 25%, y esto suena más obsceno si tenemos en cuenta que la Ley Bases, al mismo tiempo, reincorpora la obligación de pagar ganancias para los trabajadores.
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Además, permite girar dividendos a sus casas matrices en otro país pagando solamente un 7% de impuestos los primeros dos años y cero a partir del tercer año. Se prohíbe al Estado aplicar precios oficiales o ninguna otra medida que altere el valor de las mercancías, ni tampoco obligaciones de abastecimiento para el mercado interno. Por otra parte, el Estado se compromete a garantizar una estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años y quedan explícitamente prohibidas las expropiaciones. Los sectores que entrarían en este régimen son: agroindustria, forestal, minería, gas, petróleo, energía y tecnología.
Dificultades
Es difícil que el Gobierno logre aprobar sin modificaciones la ley en el Senado. Algunos sectores de la oposición “dialoguista” ya han criticado el RIGI y el blanqueo de capitales que expresa la ley bases.
Estos obstáculos y dilaciones podrían poner al Gobierno en aprietos, ya que ambas herramientas son necesarias para obtener dólares y que siga la rueda del “carry trade”, el mecanismo por el cual los especuladores financieros hacen jugosas ganancias cambiando dólares a pesos.
Un desbarajuste que cuestione la estabilidad económica podría generar una fuga hacia el dólar, que genere una nueva devaluación “de mercado” y termine de calentar la situación social, echando el plan económico por los aires.
Otra orientación
Argentina necesita lo contrario de lo que quiere Milei, un desarrollo modernizador industrial que potencie nuestra economía y genere empleo genuino. El agotamiento del sistema intervencionista a medias del kirchnerismo derivó en este rebote a un liberalismo puro que amenaza socavar las bases de la sociedad argentina como la conocemos. Lo vimos cuando intentó vaciar la universidad pública, generando una respuesta masiva en las calles de amplios sectores de la comunidad.
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Ese desarrollo modernizador, necesario para incluir a las masas en el empleo formal y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, debe castigar a los empresarios que saquean subsidios y luego no invierten o apuestan a multiplicar sus ganancias a costa de la súper explotación de los trabajadores. Necesitamos un desarrollo industrial en manos del Estado, pero a su vez un Estado que esté en manos de una alternativa política de los trabajadores, y para eso tenemos que construir un programa socialista para la Argentina.
No basta con limar asperezas de la Ley Bases u oponerse institucionalmente. El paro general y la marcha universitaria abrieron una perspectiva: enfrentar el plan Milei en las calles y con nuestros métodos hasta que caiga. La CGT debería convocar a nuevas medidas en función de guiar una lucha consecuente en defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo. ¿Pero después? Aún si ganamos contra el ajuste mileista, si no tenemos una guía de acción, el péndulo volverá a rebotar a alternativas que ya fracasaron en nuestro país.
La crisis económica y política en puerta es de proporciones titánicas. Mientras antes clarificamos hacia dónde queremos ir, antes podremos empezar a desarrollar esa perspectiva entre los más amplios sectores.
