El actual presidente Nicolás Maduro encabeza la alianza del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Maduro ha estado al frente del gobierno desde 2013, enfrentando un difícil contexto marcado por intentos desestabilizadores y sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que han agravado la situación social y económica del país.
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Venezuela había experimentado un período de bonanza económica impulsada por los altos precios del petróleo, su principal exportación. Durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), se implementó un modelo económico basado en programas de redistribución de la riqueza, pero con la caída de los precios del crudo a partir de 2014, llegaron los problemas económicos. A esto se suman las sanciones impuestas por EEUU, un método que ese país ha empleado sistemáticamente cuando hay un gobierno con el que no comparten orientación política.
Estos elementos han contribuido a la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y el colapso del sistema de servicios públicos.
En ese contexto el divorcio entre oposición y oficialismo se ha ido profundizando. La oposición, compuesta por una variedad de partidos políticos y coaliciones, ha denunciado repetidamente irregularidades en los procesos electorales, acusando al gobierno de Maduro de manipulación electoral, represión política y violaciones a los derechos humanos. Esto ha generado una serie de protestas, tanto pacíficas como violentas, que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad del Gobierno, lo que ha exacerbado aún más las tensiones entre ambas partes.
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Respecto de la estrategia electoral opositora, esta ha ido cambiando con el correr del tiempo. Desde la victoria electoral de Nicolás Maduro en 2013, la oposición, representada principalmente por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha impulsado varios intentos desestabilizadores, exacerbando la confrontación política.
La MUD, una coalición de partidos opositores, lideró numerosos desafíos al gobierno de Maduro desde el momento en que este asumió la presidencia. El desconocimiento de los resultados electorales de 2013 marcó el comienzo de una serie de acciones destinadas a cuestionar la legitimidad del gobierno. Figuras influyentes como Henrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López se unieron a este esfuerzo, al denunciar supuestas irregularidades en el proceso electoral y movilizar a la ciudadanía en contra del gobierno.
Sin embargo, uno de los momentos más emblemáticos de esta confrontación ocurrió en 2019, cuando Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional venezolana y miembro de la oposición, se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela. Esta acción, respaldada por una parte de la comunidad internacional, incluidos varios países occidentales y latinoamericanos, intensificó aún más las tensiones en el país.
Fueron los Acuerdos de Barbados celebrados en Octubre de 2023 en la capital del país y suscritos por representantes de gobierno y oposición, los que hoy delinean el camino hacia elecciones presidenciales transparentes y la búsqueda de soluciones al conflicto político interno.
Imposibilidades e inhabilitaciones
Por parte de la oposición las candidaturas más relevantes son las del ex embajador en Argentina y Argelia, Edmundo González, por la MUD -que cuenta con el apoyo de la fuerza liderada por María Corina Machado- y Manuel Rosales, gobernador de la provincia de Zulia, por el partido Un Nuevo Tiempo, organización que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pero que no está inscripto con esa tarjeta y que además carece de plena confianza dentro de la coalición opositora.
Si bien la inscripción de alianzas cerró el 25 de Marzo habrá tiempo para terminar de definir las candidaturas hasta el 20 de abril, por lo que podría haber novedades en los nombres que encabezan las fórmulas.
La PUD es la alianza principal que tiene hoy la oposición venezolana. Esta surge tras la inhabilitación del Tribunal Supremo de Justicia a la MUD para participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2018.
Su presidenta es María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela. Machado es una ex diputada sobre la cual recae una inhabilitación por 15 años para presentarse a elecciones y ocupar cargos públicos por una serie de irregularidades financieras ocurridas cuando era legisladora nacional. En declaraciones públicas, Machado había asegurado que de ganar las elecciones pondría a Nicolás Maduro tras las rejas, un elemento que suma a la hora de pensar en la razón de fondo que le impide presentarse a elecciones.
Pocos días antes del cierre de alianzas, debido a la insistencia en la estrategia de seguir adelante con el impulso de la candidatura de Machado, quien goza de una legitimidad casi absoluta dentro del espacio -obtuvo casi el 93% de adhesión en las primarias de la alianza- la PUD buscó sustituir su figura por la de la académica e historiadora Corina Yoris, muy cercana a su homónima.
Sin embargo, Yoris tampoco pudo inscribirse, pero no por estar inhabilitada, sino por problemas técnicos en el acceso a la plataforma online del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A raíz de esto la PUD pidió una extensión de tres días para poder subsanar lo ocurrido e inscribir a la nueva candidata. Sin embargo, la respuesta a la demanda fue rechazada por el presidente del CNE, Elvis Amoroso. Fue en este contexto que Rosales, avanzó con su inscripción, a último momento, bajo el sello Un Nuevo Tiempo, tarjeta que no tuvo problemas para ser ingresada en el sistema. Parte de la oposición infiere que la inscripción de Rosales muestra que su candidatura cuenta con la aprobación de Maduro.
Reacciones internacionales
El primero en levantar la voz fue EEUU quien había suspendido algunas de las sanciones impuestas al país en los sectores petroleros y gasíferos tras los acuerdos alcanzados en Barbados, a cambio de la liberación de varios presos políticos. Tras la inhabilitación de Machado, Washington aseguró que volverá a imponerlas. Su vocero, Matthew Miller argumentó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, se contradice con el compromiso asumido por los representantes del presidente Nicolás Maduro de organizar una elección presidencial equitativa en 2024.
Por el lado contrario, China reafirmó su apoyo a la soberanía e independencia de Venezuela en el contexto electoral. El portavoz de la Cancillería Lin Jian destacó que el proceso electoral debe darse según lo establecido por su Constitución y leyes nacionales, sin interferencias externas por lo que instó a la comunidad internacional a “desempeñar un papel positivo” para este fin.
La relación entre China y Venezuela es bastante particular y se inscribe en el avance del gigante asiático en América Latina como competencia de EEUU en un mundo cada vez más multilateral y pluricéntrico donde estos hegemones se disputan influencia. El año pasado Xi Jinping recibió a Maduro para trazar una alianza estratégica que resulte en inversiones y tecnología para las “zonas económicas especiales”.
Otro actor internacional relevante por su proximidad y por su mediación en los Acuerdos de Barbados es Brasil. Lula Da Silva se refirió a la situación en Venezuela y aseguró que las restricciones en las elecciones presidenciales son “graves” y no tienen explicación “legal ni política”. Lula sostuvo que el gobierno de Maduro le “prohibió a un opositor ser candidato”.
Presencia de veedores Internacionales:
Desde hace años Venezuela invita a veedores internacionales para garantizar la transparencia de los comicios. Este año no será diferente. El gobierno anunció que permitirá el ingreso de misiones técnicas de observación electoral, incluyendo a la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Centro Carter.
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La presencia de observadores internacionales en el territorio es parte de la hoja de ruta del Acuerdo de Barbados, en la edición número 37 del ciclo televisivo “Con Maduro +”, el presidente ratificó la invitación pero destacó que la misma quedaría sujeta a la total adhesión a las reglas y normas que dicta la Constitución venezolana.
Con la presencia de veedores internacionales, el Gobierno plantea que la jornada electoral tendrá garantizadas la transparencia y legitimidad. Con la mirada puesta en las urnas, el pueblo venezolano se prepara para escribir un nuevo capítulo en su destino colectivo.
Mar Distefano
