En la 30° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se llevó adelante este martes, quedaron en evidencia las tensiones del sector productivo con las políticas del Gobierno nacional, que vació el evento. Ahora, tras avanzar con la apertura de importaciones cuestionada por el empresariado local, la administración de Javier Milei intenta compensarlos con promesas de un RIGI especial para pequeñas y medianas empresas y con un plan de profundización de la reforma laboral.
Sin la presencia ni del presidente Javier Milei ni de su ministro de Economía, Luis Caputo, el encuentro industrialista descargó sus críticas respecto de los peligros que la decisión de facilitar las importaciones implica sobre la industria nacional (especialmente en lo que hace a su sector PyME, que alerta sobre una “segunda ola” de cierres y despidos masivos) sobre secretario de Coordinación de la Producción Juan Pazo, uno de los pocos representantes oficiales en el evento.
El ninguneo oficial al evento se agravó con declaraciones como la del legislador libertario José Luis Espert, quien calificó a los industriales de “caraduras”, acusándolos de vender “cosas caras y de mala calidad” (en un revival de la famosa propaganda de la última dictadura contra la industria nacional para legitimar la apertura de importaciones, como no se privaron de señalar dirigentes empresariales).
En ese marco de tensiones, la única propuesta oficial que pudo plantear Pazo fue la de que en los próximos días el Gobierno enviaría al Parlamento un proyecto de ley para la promoción de inversiones industriales, que incluiría desgravaciones impositivas y otra serie de beneficios para inversiones que no fueron alcanzadas por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) implementado hace algunos meses.
El plan oficial de “Mini RIGI” apunta a inversiones de entre USD 150.000 y 30 millones, con beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para productos industriales, devolución anticipada del IVA y otros beneficios. El posterior comunicado oficial detalla que el objetivo del proyecto sería “facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas (especialmente PyMEs), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral”.
Este último punto implica una aceleración en los planes de reforma laboral, retomando aspectos presentes en el polémico DNU 70 (cuyo capítulo laboral fue bloqueado por las presentaciones judiciales de las centrales sindicales). El secretario de la pequeña y mediana empresa, Marcos Ayerra, explicitó, durante la Conferencia de la UIA: “Con el DNU tocamos demasiados intereses, por eso quedó suspendido, pero nos dimos cuenta de que no se puede crear empleo si no se va a fondo”.
Pablo Topet, abogado de la CGT: “La reforma laboral de la Ley Bases es inconstitucional”
