El gobierno pone en marcha exámenes de idoneidad para renovar contratos temporales y cierra organismos considerados “redundantes”. Desde los sindicatos denuncian un aumento de la precarización y vacíos críticos en áreas clave.
03.12.2024.
El gobierno de Javier Milei avanza en una reestructuración del empleo público, impulsada por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger. Este nuevo capítulo, denominado “deep motosierra”, busca consolidar ajustes significativos en la estructura estatal, con medidas que incluyen exámenes de idoneidad para empleados temporales, cierres de organismos y posibles reformas salariales. En un país donde crece el empleo informal, precarizado y en negro, las políticas de desregulación del gobierno solo acompañan a que el trabajo formal y en blanco se convierta en una utopía.
Las medidas anunciadas
Este paquete de medidas prevén exámenes obligatorios para 40.000 empleados temporales. Así, los trabajadores con contratos próximos a vencerse deberán aprobar pruebas de idoneidad para renovar sus contratos. Además, se realizarán evaluaciones de manera presencial en el AMBA, con un formato de 20 a 24 preguntas tipo multiple choice. Quedarán exceptuados los empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o personas con discapacidad. La aprobación no garantiza la renovación del contrato, ya que la decisión quedará en manos de cada área administrativa. Cada empleado tendrá tres oportunidades al año para aprobar el examen.
Y esto no termina acá, puesto que el gobierno plantea una reducción de organismos y reestructuración. Es decir que continuará con el cierre de oficinas y organismos considerados redundantes o con funciones duplicadas. Se estima revisar más de 100 organismos descentralizados, incluyendo ARCA (ex AFIP) e Indec, algunos de los cuales podrían ser cerrados o absorbidos por la administración central.
Como era de esperarse, estas medidas incluyen despidos y ajustes previos. Hasta el momento, se han reducido 30.000 puestos en el Estado, disminuido los ministerios de 18 a 8 y eliminado el 33 % de los cargos superiores. También se suprimieron unas 300 direcciones y coordinaciones.
Es así que, se proyecta renegociar más de 50 convenios colectivos de trabajo y ajustar las escalas salariales para reducir disparidades. Además, implementarán un sistema de incentivos para áreas que logren ahorrar parte de sus presupuestos asignados.
El gobierno ajusta, los obreros se organizan
Adivinaremos, “no hay plata”. Efectivamente, el gobierno justifica estas medidas como una “necesidad” para reducir el déficit fiscal y “ordenar” las funciones del Estado. Según los funcionarios liberales, el objetivo es “evitar tareas duplicadas, asegurar eficiencia y eliminar estructuras innecesarias”.
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Los sindicatos y trabajadores estatales denuncian que las pruebas de idoneidad y los despidos masivos son un ataque directo a sus derechos laborales, generando más precarización y miedo entre los empleados. Además, los cierres de organismos podrían generar vacíos en áreas críticas para la administración pública, como la recaudación fiscal y estadísticas nacionales. Por otro lado, estas medidas buscan profundizar la desigualdad entre provincias y la administración central, al concentrar los procesos de evaluación en el AMBA y cerrar organismos con presencia regional.
La “deep motosierra” refuerza el perfil de ajuste estructural del gobierno liberal, pero enfrenta un creciente rechazo de sectores sindicales, trabajadores y parte de la oposición más dura. La clase obrera continúa organizándose con movilizaciones y reforzando los planes de lucha para frenar estas y todas las medidas arbitrarias y/o inconstitucionales del gobierno que buscan generar un presente y futuro de miseria planificada.
