La represión en Purmamarca no logró detener el jujeñazo de los trabajadores y las comunidades indígenas contra la nueva Constitución de Gerardo Morales que fue respaldada por el peronismo local. CTERA y ATE convocaron a paro nacional para el jueves 22 de junio.
Brutal represión en Jujuy mientras crece la lucha docente en todo el país
40 detenidos y decenas de heridos fue el saldo del accionar represivo del gobierno de Gerardo Morales. El desalojo del piquete en la ruta buscaba meter miedo a los trabajadores y a las comunidades en lucha y generó lo contrario. La movilización salió con todo a contestar la represión, se nacionalizó un repudio masivo contra Morales y la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional de todos los docentes para el jueves 22 de junio.
¿De qué se trata la reforma?
“La nueva reforma constitucional viene por nuestros derechos y lo que viene a hacer es a aplicar y darle rango constitucional a una política de ajuste y de precarización, que pretende enmudecer los reclamos de los trabajadores y trabajadoras de esta provincia”, explicaron en conferencia de prensa, referentes de la Intergremial, un frente de lucha integrado por gremios de docentes y estatales.
Además, agregaron que “de espaldas al pueblo, el Gobierno de la Provincia aprueba una Reforma que incorpora elementos neoliberales dentro de áreas sensibles como salud y educación. Le otorga a los jueces contravencionales la capacidad de fiscalizar y sancionar el derecho a la protesta y el derecho a la reunión. Le quita poder a los Organismos de Control frente al Poder Ejecutivo. Abre la puerta a que los municipios creen bancos y contraigan empréstitos. Habilita la privatización de tierras fiscales donde habitan Pueblos Originarios.
“En síntesis: una Constitución que concentra un poder abusivo en el Poder Ejecutivo en desmedro de la sociedad jujeña y los restantes poderes. Una Constitución que hunde en un neoliberalismo decadente a derechos históricos consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, aclararon.
La Intergremial está conformada por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), la Asociación de Educadores Provinciales (AdEP), el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), la Asociación de Personal de Organismos de Contralor (APC), la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), la Asociaciòn de Docentes e Investigadores de la Unju (Adiunju), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación Bancaria, y la Central de Trabajadores/as Argentina (CTA-A), entre otros.
Voces indígenas en el jujeñazo
En relación a los cambios que la nueva Constitución provincial supone para la explotación de los recursos naturales, Raúl Sajama, integrante de la comunidad indígena Angosto de Tilcara, explicó que tanto la ley nacional como el convenio 169 de la OIT exigen que las empresas soliciten autorización y den información sobre los proyectos que quieren instalar en los territorios ancestrales.
“Tienen que decirle la verdad a la comunidad, tienen que decir que el cerro va a desaparecer, que no va a haber agua, esa es la información. Lo dice la ley, tienen que informar con la verdad y la comunidad indígena es la que tiene que decidir. No va a quedar agua para las plantas, los animales ni las personas”, expresó Samaja.
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“Es la primera vez que esto ocurre en 40 años de democracia: hasta el momento, todas las reformas constitucionales, aún con sus problemas, habían dejado un saldo de ampliación de derechos. En el caso de la constitución que busca aprobar el gobierno jujeño, no sólo no amplía, sino que retrocede en relación con la constitución actualmente vigente. Desaparecen los derechos de los pueblos indígenas, se limita la protesta social hasta el punto de convertirla en una contravención grave. No se reconocen los derechos medioambientales ni la defensa de la naturaleza”, alertaron a la Convención diez organismos de Derechos Humanos, entre los que está el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Extender el jujeñazo a todo el país
En off, gente de Gerardo Morales asegura que el gobernador jujeño y precandidato a presidente quiere capitalizar a nivel nacional la reforma constitucional de su provincia. Insisten con que los cambios introducidos por Morales a su Carta Magna, son el basamento institucional para limitar la protesta social frente a un futuro de reforma laboral, ajustes fondomonteraristas y entrega de los recursos naturales.
No solamente se juega la calidad de vida de los jujeños en esta pelea. Está en disputa un consenso que los trabajadores le impusimos al sistema democrático. La protesta social es un derecho constitucional y la represión se paga políticamente y hasta con cárcel. Morales tiene razón que está avanzada jurídica y represiva tiene un carácter estratégico para el plan estratégico que tienen los dueños del país y el imperialismo: convertir a este país en un exportador de recursos naturales con bajos salarios y la macroeconomía ordenada.
Desde esta perspectiva no es tan llamativo que los constituyentes del Frente Justicialista jujeño hayan votado por la Reforma Constitucional de Morales. Luego, Agustín Rossi y otros representantes de las diferentes alas del Gobierno Nacional repudiaron la “brutal represión”. Podrían no haber votado por la Reforma que le da entidad legal a los balazos de goma, los palos y las detenciones que sufrieron los manifestantes con lo que tanto se “solidarizan”.
El camino de lucha, organización intergremial, medidas de fuerza que afectan a las exportaciones estratégicas y solidaridad entre los de abajo es un norte a seguir para quienes enfrentamos las consecuencias del acuerdo con el FMI y el ataque constante de los grandes empresarios.
