Aunque los cuestionamientos al modelo del manicomio tienen más de 60 años, la practica argentina es de avanzada comparada a la mayoría de países del mundo.
Argentina desmanicomializa
El modelo argentino actual esta plasmado en la Ley 26.657 sancionada en 2010. Si está lejos de verse plasmado en la realidad completamente es responsabilidad de los gobiernos que año a año desfinanciaron el sistema de salud pública. Pero se trata de un plan que da vuelta la lógica de los tratamientos de salud mental totalmente.
En la actualidad, la ley prohíbe la creación de nuevos manicomios y apela a buscar el cierre definitivo de los existentes. La propuesta parte de que realmente los tratamientos con internación en instituciones monovalentes terminan, casi siempre, en pacientes que permanecían encerrados hasta el día de su muerte sin perspectivas de salir.
Las internaciones dictadas por jueces sin la intervención de profesionales derivaban en internaciones involuntarias a solo pedido de un tercero sin tomar en cuenta la voluntad de la persona. Además, representaban un negocio millonario para manicomios privados donde las camas se pagan por día.
La Ley de Salud Mental
La propuesta plasmada en la ley del 2010 plantea que los tratamientos deben realizarse lo más posible de forma ambulatoria. Buscan que el usuario del sistema de salud pueda concurrir a un hospital o salita a realizar tratamientos sin alejarse de su propio mundo. Sin dejar su casa, su barrio, su familia o su trabajo.
El modelo de salud comunitario busca que la persona no deje de ser quien es y que los tratamientos puedan articularse incluso con actores de otras ramas significativas como sociedades de fomento, clubes deportivos o espacios de formación profesional.
Las internaciones en un primer término solo pueden ser con el consentimiento de la persona. Si se la debe privar de su libertad, debe ser con una evaluación de riesgo certero por dos profesionales de la salud intervinientes en el caso, uno de ellos necesariamente psicólogo. Y de tomarse esta medida debe ser exclusivamente mientras dure dicho riesgo y suspenderse en cuanto las condiciones lo permitan. El juez solo tiene un papel reservado a hacer efectivos los pedidos profesionales para garantizar la internación.
Esto sirve únicamente para comparar por arriba los dos modelos contrapuestos, la profundidad de los modelos en disputa es algo que atestigua la lucha sostenida por años. Las modificaciones que Milei quiere implementar no solo retrotraen la situación sino que en algunos casos incluso la empeora. No solo se vuelven a habilitar los manicomios sino que también se amparan legalmente las comunidades terapéuticas y granjas. Por más que popularmente estas instituciones sean conocidas como ámbitos de salud mental, no es raro que se practiquen tratamientos sin base científica e incluso rozando conductas propias de sectas religiosas.
Milei y el negocio del encierro
Hablando de internaciones obligatorias, no solo se le devuelve el poder al juez de intervenir sin un informe profesional que lo habilite a tal fin. También se amplían la cantidad de causales de una internación forzosa, como fallo en la adherencia al tratamiento ambulatorio y falta de conciencia de la enfermedad.
Dos elementos de los tratamientos de salud mental muy comunes, que no implican riesgo directo en sí mismo y que pueden ser trabajados de forma ambulatoria. Además se podrá internar a menores de edad a solo pedido de padres o tutores legales, herramienta que más de una vez fue usada como forma de extorsión en disputas familiares. Incluso el abogado designado por la persona internada involuntariamente podrá oponerse a la internación o a la externación, cuándo antiguamente solo podía oponerse a la primera y exigir la segunda.
Si bien esta parte del paquete de las medidas de Milei no tiene nombre y apellido como otras, el objetivo claramente es ‘desregular’ el ‘mercado’ de la salud mental. Habilitando la creación de hospitales psiquiátricos y otras instituciones monovalentes de origen privado (nadie espera que Milei inaugure absolutamente ninguna obra).
Instituciones que se van a ver beneficiadas por todos los pacientes que van a quedar fuera del sistema público cuando impacten los recortes presupuestarios. Y a los que el gobierno les garantiza el negocio, facilitando las clásicas internaciones obligatorias judicializadas y sacando del medio la molestia que representan las comunidades de los pacientes y los profesionales de la salud que pelean por modelos modernos y que realmente funcionen para el tratamiento de la salud mental.
