El Gobierno reabre el debate sobre el aborto en busca de fidelizar a sectores conservadores, pero enfrenta resistencia social y política. La falta de insumos y recortes ya ponen en riesgo el acceso efectivo al aborto legal.
17.12.2024
El intento del Gobierno de reinstalar el debate sobre la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha reactivado un eje de profunda tensión política y social en Argentina. La declaración de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, refleja una estrategia que combina una agenda conservadora con el objetivo de fortalecer la base de apoyo de sectores “pro-vida” de cara a las elecciones legislativas de 2025.
LLA y la derogación del aborto
El presidente de la cámara de diputados, Martin Menem sostuvo que la derogación del aborto podría ser impulsada mediante la modificación de la actual ley o con una nueva legislación.
Reconoció que el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con esta iniciativa, pero señaló que las elecciones del próximo año serán clave para lograr una mayoría legislativa que permita su implementación.
Recordemos que la Ley IVE, fue aprobada en 2020, luego de años de movilización del movimiento feminista y de amplios consensos políticos, lo que convierte esta iniciativa en un punto de alto conflicto.
La propuesta oficialista podría generar fisuras incluso dentro de las bancadas aliadas y en sectores de la oposición moderada, que respaldaron en su momento la legalización del aborto.
Las declaraciones de Menem se alinean con la posición de Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades calificó al aborto como un “asesinato agravado por el vínculo”. El presidente ha sostenido posturas similares en el ámbito público, reforzando su identificación con la agenda de sectores conservadores.
Obstáculos para la derogación
El escenario legislativo actual representa un desafío significativo para el oficialismo. La Libertad Avanza tiene 37 diputados y 6 senadores, por lo que necesitaría un apoyo contundente de aliados y de la denominada “oposición dialoguista” para impulsar la derogación. La fragmentación de la oposición y la resistencia social dificultan esta posibilidad.
La propuesta podría polarizar aún más el Congreso y distanciar al oficialismo de sectores aliados que no comparten una agenda abiertamente regresiva en materia de derechos sociales.
Aunque bien, el anuncio de Martín Menem también debe interpretarse como parte de una estrategia política con miras a 2025. La cruzada contra el aborto busca fidelizar el apoyo de sectores conservadores, religiosos y anti-derechos, que constituyen una base importante del oficialismo.
Polarización social y política
La reapertura del debate sobre la IVE puede ser una herramienta para dividir a la oposición y movilizar al electorado con temas de alto impacto emocional.
Desde su promulgación en 2021, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha garantizado el acceso seguro, legal y gratuito al aborto hasta la semana 14 de gestación. Sin embargo, desde la llegada de Milei al poder, recortes presupuestarios y falta de insumos han puesto en riesgo el acceso efectivo a este derecho. ONGs y profesionales de la salud denuncian falta de medicamentos y de respuestas por parte del Ministerio de Salud.
En septiembre, el Gobierno eliminó la herramienta que permitía denunciar el incumplimiento de la ley, una decisión interpretada como parte de su política regresiva.
El anuncio generará sin dudas una fuerte respuesta del movimiento de mujeres y disidencias, que han demostrado en años recientes una capacidad significativa de movilización. La “marea verde” se activará nuevamente, no solo para defender la ley, sino también para denunciar el retroceso en derechos conquistados.
La intención del Gobierno de derogar la ley del aborto refleja un intento de imponer una agenda conservadora y reactiva que responde tanto a sus bases ideológicas como a una estrategia electoral para 2025. No obstante, se enfrenta a obstáculos políticos y sociales significativos, en un país donde el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha sido defendido y conquistado por amplios sectores de la sociedad. El próximo año será clave para determinar si esta propuesta se convierte en un eje central del debate público o queda relegada por la resistencia social y las tensiones legislativas.
