El arresto de Joelton Gusmão de Oliveira resalta el creciente número de simpatizantes de Bolsonaro que buscan refugio en Argentina tras los ataques en Brasilia. Tenía un pedido de captura internacional y enfrenta cargos graves por el intento de golpe de Estado.
Joelton Gusmão de Oliveira, un ciudadano brasileño de 47 años con pedido de captura internacional, fue detenido este miércoles en la ciudad de La Plata, Argentina. Gusmão está acusado de haber participado en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron derrocar al presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva poco después de su asunción ocupando el Palacio del Planalto.
El arresto del bolsonarista tuvo lugar en las calles 1 y 44, durante un patrullaje de rutina llevado a cabo por el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata. Los agentes detuvieron a Gusmão tras notar una “actitud sospechosa” y, al verificar su identidad en el sistema informático, confirmaron que contaba con una orden de extradición emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Según las autoridades, el hombre se encontraba en proceso de renovar su documentación migratoria en Argentina.
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Gusmão enfrenta múltiples cargos en Brasil, incluidos intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños calificados, deterioro de bienes públicos y asociación criminal armada. Tanto él como su pareja, Alessandra Faria Rondon, fueron condenados a 17 años de prisión por su rol en los hechos. Ambos forman parte de un grupo de 86 personas ya sentenciadas por su participación en los eventos de enero de 2023.
Decenas de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, condenados o procesados por el intento de golpe de Estado en Brasil en enero de 2023, han encontrado refugio en nuestro país alegando ser víctimas de persecución política. cruzaron la frontera de diversas formas y solicitaron asilo político al llegar, obteniendo permisos de trabajo temporales. Según datos de ACNUR, 126 brasileños presentaron estas solicitudes en el primer semestre de 2024, destacando el creciente número de exiliados que ven en Argentina un lugar seguro debido a la afinidad ideológica con el gobierno actual y las oportunidades laborales disponibles mientras se resuelven sus casos.
Los prófugos, que enfrentan penas de más de 14 años por cargos como asociación criminal y daño al patrimonio público, insisten en su inocencia y en que los actos violentos fueron perpetrados por infiltrados. En testimonios al medio El País, relatan su adaptación a la vida en ciudades argentinas como La Plata, donde sobreviven con trabajos modestos y mantienen sus principios bolsonaristas, como la defensa de “Dios, patria, familia y libertad”. La narrativa compartida entre ellos destaca el rechazo a la victoria de Lula da Silva en las elecciones de 2022, que consideran fraudulenta, y un sentimiento de persecución por parte del sistema judicial brasileño, especialmente bajo el juez Alexandre de Moraes.
La llegada de los bolsonaristas a Argentina no solo ha establecido una red interna de apoyo entre ellos, sino que también les ha conectado con movimientos de ultraderecha internacionales. Algunos han participado en eventos liderados por Milei y aliados como Santiago Abascal, del partido español Vox. Desde su nuevo hogar, continúan abogando por sus ideales y rechazan la narrativa oficial que los acusa de extremismo y golpismo, argumentando que Argentina les permite expresarse libremente y reanudar una vida lejos de la persecución que afirman sufrir en Brasil.
¿Qué fue la toma del Palacio de los Tres Poderes?
El 8 de enero de 2023, un grupo de manifestantes afines al ex presidente Jair Bolsonaro asaltó violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia: el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Los atacantes, que rechazaban los resultados de las elecciones presidenciales a favor de Luiz Inácio Lula da Silva, exigían una intervención militar para derrocar al nuevo presidente.
Lula calificó los hechos como una “barbarie” y acusó a los responsables de actuar en connivencia con Bolsonaro. El presidente ordenó una intervención federal en el Distrito Federal, la región donde se encuentra Brasilia, y destituyó al gobernador local por su presunta complicidad en la organización de los ataques. Además, se arrestaron varios funcionarios de seguridad que se consideraron responsables de no prevenir los disturbios. Las autoridades también desmantelaron un campamento de manifestantes pro-Bolsonaro frente al cuartel general del Ejército, desde donde se habrían organizado los ataques.
Los atacantes utilizaron redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram para coordinar y planificar las acciones. A pesar de que Bolsonaro condenó la violencia, defendió las manifestaciones pacíficas y rechazó las acusaciones de incitación directa a los ataques.
