El 25 de mayo pasado, los docentes de la provincia de Salta fueron brutalmente reprimidos por orden del gobernador Gustavo Sáenz. Este accionar dejó un saldo de decenas de heridos y 19 detenidos. Sáenz, aliado político de Massa, había sido reelecto el 14 de mayo anterior con un 47,5 % de los votos.
Movilizaciones masivas de la docencia
Los docentes salteños llevan semanas luchando por mejora salarial. Al igual que en Buenos Aires y en el resto delas provincias, los aumentos se dan en cuotas y muy por debajo de la canasta básica y de la inflación. En el caso particular de Salta, el salario básico del docente está en un promedio de 100 mil pesos.
En Salta, el salario básico del docente está en un promedio de 100 mil pesos.
Una gran parte de los trabajadores de la educación de la provincia se agrupa en el frente de docentes autoconvocados, ya que no se ven representados por los gremios tradicionales. Al respecto, Cristian Pereyra, profesor de Historia y militante de Política Obrera, fue entrevistado por ResistenciaOnline.“Hace 20 años que la representación legítima de la docencia es la autoconvocatoria, no los gremios que ofician de instrumentos del Estado para cerrar las paritarias siempre entregando la lucha y el reclamo salarial, aclaró Pereyra“
La detención de los docentes generó un repudio masivo en amplios sectores de la sociedad. El reclamo de los docentes también era acompañado por trabajadores de la salud y estatales.
Respuesta antirrepresiva
Los días lunes 29 y miércoles 31 se realizaron movilizaciones multitudinarias con miles de manifestantes como hacía décadas que no se veía en la provincia. La Red de Docentes Autoconvocados Nacional llamó a un paro nacional para el miércoles 31 en solidaridad con los docentes salteños, que fue acatado por las provincias de Mendoza, Misiones, La Rioja, San Juan, San Luis, Jujuy, Río Negro, Chubut, La Pampa y Tucumán.
Luego de esta medida, los detenidos fueron liberados. La CTERA, el sindicato docente nacional, por su parte, tan solo realizó a repudio formal de tres renglones sin darle mayor importancia al hecho.
Las manifestaciones no sólo se concentraron en Salta capital, sino que se replicaron en las localidades de Tartagal, Aguaray, Mosconi, Cachi, Cafayate, Molinos Seclantás, Angastaco, San Carlos San Antonio de Los Cobres, Calderita y Moldes. A su vez, también recibieron el apoyo y la solidaridad de muchos docentes de otras provincias cercanas.
Ley contra la protesta que amenaza nuestros derechos democráticos
En el marco de las protestas encabezadas por los docentes, el gobernador Sáenz aprovechó para avanzar con una peligrosa medida que limite las protestas. El proyecto había sido presentado en abril por las diputadas Cristina Fiore y María del Socorro Villamayor, pero recién a raíz de las protestas docentes se impulsó en tiempo récord su tratamiento sin que se pasara por comisiones.
El protocolo antiprotestas se impuso en cámara de diputados y 48 horas después en el Senado provincial el jueves 1 de junio por apenas un voto de diferencia, 11 a 10, sin que previamente se haya debatido en comisiones.
El protocolo antiprotesta se aprobó por 11 votos contra 10 en el Senador provincial, en tiempo récord y sin antes pasar por Comisiones.
La votación en el Senado se realizó con el edificio rodeado de manifestantes que repudiaban el proyecto por limitar la organización de las movilizaciones. La Ley apunta a restringir el derecho constitucional de protesta, así como a legitimar la represión y la persecución a los activistas.
Un repaso por los artículos más problemáticos
Si bien la Ley en su Artículo 1°dice tener como objetivo “conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades” en realidad se centra en limitar las protestas poniéndolas bajo el control policial.
En el inciso a. del Artículo 3° pone como requisito para que una manifestación sea considerada pacífica el no impedir el normal funcionamiento de la salud, el transporte público, la educación y los bomberos. Este requisito pone límites al derecho de huelga, garantizado por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de los trabajadores de dichos sectores.
El Artículo 4° impone que las manifestaciones deben ser notificadas 24 horas antes en la comisaría más cercana, dejando constancia del lugar de concentración y recorrido de la marcha, horario de inicio y tiempo de duración, objetivo de la protesta y nombre de los responsables u organizadores. Los Artículos 8° y 9°, por su parte, se dedican a la normalización y regulación de la represión cuando se considere que una protesta no cumple las exigencias requeridas.
Para los sectores reaccionarios a nivel nacional, Salta no es más que un primer ensayo en la aplicación de este tipo de normativas. Si logra instalarse una Ley que restrinja las libertades democráticas de los trabajadores luego esto puede buscar ser replicado en otras provincias y a nivel nacional.
A.C.
