Con motosierra en mano, el presidente Javier Milei plantea aplicar un fuerte tarifazo para reducir el “gasto” público en luz, gas y transporte.
Mediante el decreto de necesidad y urgencia 55/2023, publicado en el pasado mes de diciembre, el Gobierno declaró la Emergencia del Sector Energético Nacional, una medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
A principios de enero, tanto la Secretaría de Energía como la de Transporte convocaron audiencias públicas con el propósito de consagrar la decisión del Gobierno de reducir, y finalmente eliminar, los subsidios en los servicios energéticos y el transporte público. Este proceso busca establecer un nuevo esquema de actualización tarifaria.
Tarifazo en gas y electricidad
En el caso de ENARGAS, la primera audiencia tuvo lugar el 8 de enero, y se preparan aumentos para los próximos tres meses junto con una nueva segmentación. El Gobierno ya anunció que, entre febrero y abril, habrá una quita progresiva de los subsidios en un 33% cada mes, seguida de una conceptualización renovada.
El decretazo de Milei está escrito para los dueños del país
Durante la audiencia, las empresas distribuidoras y transportadoras de gas le reclamaron al gobierno incrementos de hasta el 500% en las tarifas a partir del 1 de febrero y propusieron un sistema de actualización mensual. Por ejemplo, Metrogas, la distribuidora de la mitad de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, indicó en su presentación que necesita una recomposición del 376%.
Aunque el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, expresó que no se otorgará este aumento, se espera que se avale un porcentaje significativo de lo que piden estas empresas.
ENRE también llevó a cabo su primera consulta para determinar futuros incrementos en la distribución del servicio de energía eléctrica, a cargo de Edesur y Edenor. En sus propuestas de “readecuación de ingresos”, solicitaron la aplicación de un mecanismo de actualización mensual y un aumento aproximado del 80%. “Entendemos que es necesario contar con una actualización sistemática y efectiva de las tarifas”, afirmó Jorge Lemos en representación de la compañía Edesur.
En resumen, el Gobierno busca ajustar los fondos públicos mediante la eliminación de subvenciones, mientras que las empresas aspiran a aumentar sus ingresos. La actualización mensual de las tarifas es un punto crucial para los empresarios del transporte y la distribución. De implementarse esta exigencia, los aumentos se llevarán a cabo sin demora en los llamados a audiencia pública, lo que implica para los usuarios un aumento automático que está lejos de ser compensado por el incremento de sus salarios.
Tarifazo en el transporte y amparo
En sintonía con la situación en el sector energético, la Secretaría de Transporte convocó a una audiencia solo para recibir posturas y opiniones sobre las tarifas propuestas. A través de la resolución 01/2024 publicó los valores máximos propuestos para el cuadro tarifario del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana, con vigencia al 1° de febrero. A continuación, se presenta el nuevo cuadro tarifario para trenes y colectivos.
El tarifario propuesto por el Gobierno busca imponer un aumento aproximado del 251% en colectivos y del 247% o 169%, según la línea, para los trenes. En caso de que la tarjeta SUBE no se encuentre registrada en el sistema el aumento en la tarifa será aún más elevado. En términos mínimos, el boleto para colectivos pasaría a $270, mientras que para el tren quedaría en $130. Por otro lado, la tarifa social seguirá en vigencia y mantendrá el 55% de descuento en la tarifa.
La resolución del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora frenó el tarifazo por irregularidades en la audiencia pública. Debido a que aceptó un recurso de amparo, estos aumentos se vieron momentáneamente suspendidos por 5 días hasta que el Gobierno regularice la situación.
El amparo fue presentado por el intendente del PJ, Fernando Gray. En el recurso impugnó el sistema de participación que propuso la Secretaría de Transporte de la Nación para la audiencia pública. Este esquema de consulta se limitaba a dejar comentarios de 5.000 caracteres y su participación era virtual y asincrónica; es decir, no garantiza la participación real de la sociedad.
Presión social
Las audiencias públicas son el instrumento para legitimar el ajuste. El carácter de éstas es no vinculante, es decir, las opiniones expresadas no tienen ninguna repercusión; por lo tanto, estas instancias son una mera formalidad. Así lo describió, por ejemplo, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), quien agregó que el aumento de tarifas “es una decisión tomada”.
De esta manera, el Gobierno inicia su mandato pasando la motosierra por los servicios públicos esenciales, reduciendo subsidios y abriendo la canilla de los tarifazos. Se trata de un paso crucial en el plan económico del ministro “Toto” Caputo y del presidente Javier Milei, que, en definitiva, perjudica a los usuarios y beneficia a los empresarios.
Esta política se busca imponer en todo el país, donde una abrumadora mayoría de personas se verá afectada y, desde el 1 de febrero, recibirán otro golpe en el bolsillo que se suma a un marco de deterioro que lleva décadas.
El paro nacional y los importantes cacerolazos populares que emergieron desde el 20 de diciembre son un canal de expresión de la bronca y la angustia creciente que tiene un pueblo con poco margen para seguir absorbiendo la velocidad del ajuste que planea el Gobierno.
La continuidad y la profundización de estas manifestaciones son las que presionaron a la Justicia y son el freno a las políticas de ajuste de un gobierno que tiene un rumbo claro.
