En la Argentina de hoy, el 20% de los hogares pasa hambre. Un signo que muestra de forma cabal, el deterioro socio-económico que acarrea el establecimiento del neoliberalismo en el poder.
Según un informe del Banco Mundial en lo referido a seguridad alimentaria, nuestro país se halla como única nación latinoamericana más golpeada por el hambre. A su vez, esta información se ve cumplimentada con el reporte 2023 de la Universidad Católica Argentina (UCA) -a la que nadie podría atribuirle una subjetividad de izquierda- en el que se detalla que el 20,6% de los hogares argentinos pasa hambre (contra un 18,7% de 2022) mientras que el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria, siendo estos índices los mayores en 18 años. A su vez, atendiendo a la información brindada por el observatorio de la casa de estudios anteriormente citada, la situación se agrava teniendo en cuenta que 4.2 millones de los menores de nuestro país no alcanzan a percibir una ingesta saludable. Esto, pese a que el 59,3% percibe alimentación gratuita en establecimientos tales como comedores, merenderos, etc.
En la Argentina de hoy, el 20% de los hogares pasa hambre. Un signo que muestra de forma cabal, el deterioro socio-económico que acarrea el establecimiento del neoliberalismo en el poder.
Estos niveles de hambre son consecuencia del altísimo índice de pobreza que atraviesa a las clases populares en nuestro país. Según los datos que provee la UCA, en el último año fiscal, la cifra alcanzó el 44,7% global y el 68% en los sectores mas desfavorecidos. Un dato importante a destacar es que, de no existir el apoyo estatal, este 44,7% se elevaría a un 49,1%.
Los comedores comunitarios en peligro
Según pudo recabar la periodista Mara Pedrazzoli para la nota titulada “El gobierno dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios”, publicada el día 5 de febrero del corriente año en el portal web del diario Página 12, el gobierno nacional, desde su asunción en diciembre de 2023 dejó de enviarles alimentos de forma directa a los comedores, agravando aún más la ya de por sí gravísima situación que atraviesan las clases populares.
La Secretaría de niñez, adolescencia y familia, a cargo de Pablo de La Torre envió el pasado 4 de febrero solamente una partida de dinero destinada a la Tarjeta Alimentar, un mecanismo de asistencia para menores de 14 años, que alcanza los 132.000 millones de pesos. De acuerdo a la información recabada por la autora de la nota:“…la cartera manejada por Pablo de la Torre decidió pisar los programas con financiamiento del BID para la compra de alimentos secos y frescos —el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”— y otros con fondeo local para asistencia a comedores comunitarios y escolares, que suman unos 180.000 millones de pesos presupuestados: el 8,4 por ciento de los fondos de la Secretaría.
En enero de 2023, la ejecución presupuestaria destinada a comedores comunitarios fue del 24 por ciento del total de los recursos. Hoy es del 0 por ciento, según muestran los datos oficiales abiertos del Presupuesto Nacional.”
Los comedores necesitan respuestas ahóra
¿Qué dice el Gobierno al respecto? La respuesta de la Secretaría de Capital Humano, conducida por Sandra Petovello es que están analizando una forma mas efectiva y “sin intermediarios” de abastecer a los comedores. El problema radica en que, mientras ellos “piensan” los comedores ya se quedaron sin mercadería y el hambre no puede esperar.
¿Y las organizaciones sociales…? Con respecto a este tema, comentan que el abastecimiento llegaba con mucha demora debido a las dificultades con los proveedores, que no quieren acordar con un Estado que paga casi con 6 meses de demora.
Sobre el funcionamiento de los comedores, Rafael Klejzer, integrante del movimiento popular La Dignidad aclara que: “Los comedores no funcionan íntegramente con asistencia del Estado, como habitualmente se cree, sino que muchas veces reciben raciones de colectas o yendo al Mercado Central a reciclar la mercadería que después se consume”
Klejzer, integrante también del Centro de estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno, advierte sobre el alza de los precios de alimentos de primera necesidad, que agrava la situación de los comedores, que ya viene con serias problemáticas. Afirma lo siguiente: “Ya en 2023 recibimos alimentos por un 20 por ciento menos que años anteriores”, agrega. Los movimientos sociales vienen cuestionando la política alimentaria del Gobierno: “desde 2021 funciona mal”
La demanda en los comedores creció de manera acuciante en los últimos tiempos, no acotándose exclusivamente a personas con empleos informales sino también comenzaron a acudir padres y madres de familia con formalidad laboral. Estos últimos ven imposibilitada la alimentación de sus hijos e hijas al no llegar a fin de mes, tal como declara Natalia Zarza, principal referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cocinera de comedor. A su vez, Zarza afirma que las raciones son cada vez mas escasas y se ven obligados a reducir la cantidad de días de apertura de los comedores. En lo referido al primer ítem, ella declara que se han producido situaciones de violencia para con las trabajadoras al no poder proveer a los asistentes.
La respuesta del Gobierno
En respuesta a estas declaraciones, el vocero presidencial Manuel Adorni declaró el miércoles 31 de enero, que el Ministerio de Capital Humano “ha duplicado la ayuda alimentaria y aumentado en un 75 por ciento el presupuesto destinado a las transferencias a comedores” Según pudo recabar Pedrazzoli, estos datos no han podido ser constatados. Lo que sí se pudo aseverar es que el actual presupuesto se presenta como réplica del de 2023, no atendiendo al 211% anual de inflación, lo que supone un letal golpe sobre la capacidad de alimentación de los argentinos que dependen de los comedores. Adicionalmente, el presupuesto para comedores comunitarios se encuentra subejecutado y con un 0% de asignaciones.
Intermediarios “buenos” e intermediarios “malos”
Ante la demanda de los representantes de la UTEP, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, luego de observar una enérgica manifestación a las puertas del edificio de Cerrito y Juncal el pasado jueves 1 de febrero, declaró frente a los presentes que iba a atender a las necesidades individuales y no a los referentes, invitando a presentarse con DNI en mano a “todos aquellos que tuvieran hambre”. Por tal motivo, el martes 6 de febrero se desplegaba una fila que llegó a tener la extensión de más de 30 calles. Todas estas personas se presentaron para solicitar en forma individual la ayuda “prometida”. Como respuesta a esta medida de lucha, la ministra se negó a recibirlos y declaró que:
“Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol: los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual, pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”
Tal como pudo recabar el portal ADN Río Negro en la nota titulada “Petovello arregló con los evangélicos la ayuda alimentaria”, publicada el 6 de febrero. Mientras que los y las encargadas de los comedores se apersonaban en las cercanías de la Secretaría, Petovello escogió reunirse, junto al pastor Hugo Márquez, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina en la Fundación Promesa Eterna, ubicada en José C. Paz, al oeste del conurbano bonaerense. Este encuentro se dio con motivo de acordar el primer envío presupuestario a la mencionada entidad, valuado en 177 millones de pesos, destinado para la compra de alimentos para los 723 comedores que declaran tener a su cargo los evangélicos.
La denuncia de la economía popular
Ante esta negativa, el ex precandidato a presidente por Unión Por la Patria, abogado y referente de la UTEP, Juan Grabois, presentó una denuncia en la justicia federal contra Petovello por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según las declaciones recolectadas por Laura Vales para la nota titulada “La larga fila del hambre que el gobierno decidió ignorar”, publicada en el portal web de Página 12 el martes 6 de febrero, el referente social afirmó que el sentido de la demanda es por: “no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina, violando así, normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como Ministra con competencia directa en el tema”. A su vez, añadió:
“La única medida tomada por el actual gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar, pero al mismo tiempo suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar. Esto quiere decir lisa y llanamente que no están entregando alimentos. Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito”
Actualmente, dicha denuncia se encuentra archivada en el despacho del juez federal Sebastián Casanello.
Como cierre, estas acciones y estas omisiones, demuestran el carácter deshumanizante y fervientemente economicista del neoliberalismo mileista. Una vez más deja caer su brutal ajuste, tendiente a “disminuir el déficit fiscal” sobre los más vulnerables, los que menos tienen.
Facundo Martínez
