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    El decretazo de Milei y su impacto ambiental

    El megadecreto de Javier Milei fomenta la extranjerización de tierras, su contaminación por parte de capitales transnacionales y los incendios intencionales de campos para la explotación del suelo y la especulación inmobiliaria. 

    Derogación de Ley de Tierras

    En primer lugar está la derogación de La Ley de Tierras. En esta normativa del año 2011 se estableció que los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. 

    Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros: es decir, que a partir de la ley, el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.

    La derogación de esta ley, además de permitir a magnates extranjeros como Joe Lewis y otros magnates como Luciano Benetton, incorporar más tierras, permitiría que empresas multinacionales compren territorio en las que se encuentren recursos naturales y las exploten sin ningún tipo de control. De esta manera, se llevan nuestras riquezas y a nosotros solo nos queda la contaminación. 

    Esto es algo que sucede en la actualidad, pero bajo este cambio jurídico, esto se podría hacer en una escala enormemente más grande y con aún menos restricciones que las actuales. 

    Esto no significa que los propietarios locales tengan un manejo más consiente de nuestros recursos en lo absoluto. Simplemente señalamos que mientras a nosotros nos dejan los pasivos ambientales, se llevan la riqueza de la explotación de nuestros recursos.

    Derogación de la Ley del Manejo del Fuego

    En segundo lugar, se deroga la Ley del Manejo del Fuego. En esta normativa, se estableció que es ilegal utilizar tierras quemadas para los desarrollos inmobiliarios y la explotación agroganadera. El objetivo buscado era combatir los incendios intencionales que son la enorme mayoría y que han afectado gran parte del territorio argentino. A pesar de los límites que se le puede achacar a esta ley, su derogación es el fomento y la legalización de estos incendios impulsados por los terratenientes y los desarrolladores inmobiliarios. 

     

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