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    Bullrich carga y Stornelli: el derecho a la protesta en riesgo

    Señalados por el tuit presidencial que los acusa de “terroristas” por intentar un “golpe de Estado”, capturados por la Policía y acusados sin prueba alguna por Stornelli. Los presos por protestar contra la Ley Bases necesitan de nuestra movilización para salir en libertad.

    La entrega de la Ley Gases

    Mucho se ha escrito sobre la entrega de soberanía que significó la aprobación en el Senado de la Ley Bases. En la semana pasada publicamos una nota en particular sobre el RIGI, el Régimen de las Grandes Inversiones, que en resumidas cuentas es la entrega de nuestros recursos naturales, sin la necesidad que ingresen las divisas en el país, sin la obligación de tomar trabajadores argentinos, con importantes exenciones impositivas que las paga el pueblo con sus impuestos y con la garantía que si hay problemas, se dirimirá todo en justicia extranjera.

    Es decir un robo a mano armada, con una pistola que pagamos nosotros y una promesa de que no vamos a hacer la denuncia. Todo esto, además de los otros capítulos como la reforma laboral en la que uno se paga su propia indemnización, se extiende el régimen de los monotributos y que generará un aumento del trabajo informal catastrófico para los derechos de los trabajadores.

    Crónica de una represión anunciada

    Siempre que se ha generado tamaños cambios legislativos en desmedros de las grandes mayorías son acompañados por la represión de la protesta social y/o la persecución de los dirigentes populares. Esta no es la excepción.

    Como era de esperarse y, a pesar de algunas ausencias, hubo una enorme movilización a la Plaza Congreso contra la Ley Bases. A poco de realizarse la concentración, comenzaron los gases y palos de la Policía Federal de Patricia Bullrich.

    Luego, grupos de encapuchados que las diferentes columnas dijeron que no pertenecían a los gremios y organizaciones que se encontraban en los lugares donde estos individuos se movían, empezaron a prender fuego autos y causar desmanes que obviamente no representaban el sentir de la manifestación. La imagen de un móvil de Cadena 3 incendiándose recorrió todos los canales y portales. La operación había comenzado.

    La operación

    Antes de ser aprobada la Ley Bases, la Oficina del Presidente emitió un tuit en el que calificó a la movilización que hubo a la Plaza Congreso como un “intento de golpe de Estado con palos y piedras” y calificó a los manifestantes como “terroristas”. Bullrich dijo algo similar y agregó que encontraron manifestantes con “granadas”. Antes, varios diputados de Unión por La Patria que intentaron frenar la represión fueron gaseados por la Policía, pero eso no importó, el relato repetía en coro por todos lados que quienes atacaban al orden democrático eran los militantes, jubilados, amas de casa y vecinos que se manifestaban pacíficamente.

    En un salvaje operativo policial se detienen 35 personas durante la jornada y al otro día, la Nación y Clarín titulan que Milei había denunciado un intento de golpe de Estado. El siguiente paso de la operación lo llevó adelante el fiscal Carlos Stornelli.

    Sí, el mismo que fue procesado por extorsionar testigos junto al chanta de Marcelo D’alessio en la llamada Causa de los Cuadernos, para meter preso a dirigentes del peronismo. Ese fiscal del lawfare ahora también es fiscal de la criminalización de la protesta. Stornelli hizo una presentación judicial en la que acusa a los manifestantes de “levantarse contra el orden constitucional y la vida democrática”. En consecuencia, Stornelli pidió prisión preventiva para una docena de los detenidos.

    La causa

    La presentación fue hecha ante la jueza María Servini De Cubría y aún debe expedirse. Las “pruebas” que presentó Stornelli fueron el propio tuit de la Oficina del Presidente que citamos más arriba y notas de Clarín y la Nación que lo citan. En definitiva, la acusación del “fiscal” se basa en un tuit y el tuit se basa en la visión de alguien que odia a todo los que parezca remotamente a una política de ayuda a los pobres.

    No hay pruebas fácticas, se acusa a personas, muchas de ellas menores de 25 años, de querer hacer un Golpe de Estado y se las condena por Twitter. La posverdad logró construir un nuevo régimen.

    Entre los detenidos hay vendedores ambulantes de choripán, una familia que vendía empanadas, una vecina que osó filmar la represión con su celular, un músico y partícipe de la Asamblea de Caballito y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín.

    Además, a los detenidos se les agregó los crímenes de “resistencia a la autoridad”, “lesiones al personal preventor”, “uso de explosivos e incendios” y “ejercicios de la violencia en vías de hecho”.

    Libertad a los presos por luchar

    Mientras se escriben estas líneas, la madre de Camila Juárez, una de las detenidas, está haciendo circular un audio en el que cuentan que su hija, junto a los otros manifestantes privados de su libertad están siendo trasladados a Comodoro Py para empezar con las indagatorias. La madre de Camila pide a las organizaciones políticas, sindicales y a los ciudadanos en general que se movilicen a esta dependencia judicial para exigir la inmediata libertad de los detenidos.

    En el día de la votación de la Ley Bases lo que hubo no fue un golpe de Estado. Lo que hubo fue una entrega de nuestros recursos naturales y una anulación de nuestros derechos laborales. Si alguien se levantó y atacó a las autoridades, fueron los policías que reprimieron a diputados electos democráticamente y si hay un acto terrorista para “infundir miedo en la población”, son las detenciones a las 35 personas, para sembrar justamente el temor en quienes se quieran sumar a la resistencia cuando se empiece a ver las consecuencias de esta ley.

     

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