El fallo de la Cámara Federal que procesa a Eduardo Belliboni suma nuevas acusaciones y genera críticas por criminalizar la protesta social. Desde el Polo Obrero denunciaron que la imputación de extorsión y coacción busca “amedrentar y golpear una organización cuya característica ha sido estar a la cabeza de la lucha contra el hambre y el ajuste“. La organización promete continuar movilizándose frente a lo que considera “persecución a los que luchan”.
La Cámara Federal de Apelaciones dictó un fallo que agrava el procesamiento contra Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, y otros militantes de la organización, bajo acusaciones de extorsión y coacción. Este fallo ha sido calificado como “un golpe contra la libertad de organización y de movilización” por el Polo Obrero, que denuncia una maniobra judicial en línea con los intereses políticos de sectores como los encabezados por Patricia Bullrich, Javier Milei y Sandra Pettovello a quienes tildaron de
“responsables del desabastecimiento masivo de los comedores populares en todo el país”.
Desde el Polo Obrero han señalado que el fallo sienta “un precedente gravísimo” para las organizaciones sociales y sindicales. Según el comunicado de prensa difundido, la Cámara “ha decidido ir a fondo en una política que coloca la organización de las movilizaciones y el financiamiento de organizaciones de lucha en la virtual ilegalidad“. Esto se basa en considerar prácticas organizativas de los movimientos sociales, como los registros de asistencia de quienes se movilizan, como elementos coactivos.
“La imputación de concurso real de delitos apunta a elevar las penas, sumando las de cada uno de ellos, para amedrentar y golpear una organización cuya característica ha sido estar a la cabeza de la lucha contra el hambre y el ajuste bajo todos los gobiernos del país”, sostiene el comunicado.
El fallo también fue criticado por convalidar supuestas irregularidades procesales, como el ocultamiento de pruebas y la utilización de testigos protegidos sin control de las defensas. “La Cámara decidió también convalidar el conjunto de atropellos al derecho a la defensa llevados adelante por el juez Casanello y el fiscal Pollicita”, afirma el comunicado, que denuncia un “pisoteo de las garantías procesales“.
Justicia selectiva
A esto se suma la comparación con otros casos de corrupción: “Estos mismos jueces, en cambio, en su momento anularon el procesamiento contra los funcionarios del macrismo Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel, por las concesiones de peajes a empresas afines a Mauricio Macri”.
El Polo Obrero rechaza las acusaciones de defraudación de fondos y subraya que ha presentado pruebas que respaldan sus actividades en el marco del programa Potenciar Trabajo. Entre estas, destacan la construcción de 53 sedes, actividades de formación laboral y el funcionamiento de comedores populares.
El fallo, sin embargo, excluye de las investigaciones a los funcionarios de Desarrollo Social responsables del programa, lo que, según la organización, “absuelve al Estado de la responsabilidad en el manejo de sus propios fondos, mientras descarga todo el peso de la persecución sobre los responsables de organizar la lucha por las reivindicaciones más urgentes de los barrios más explotados del país”.
“Quieren instalar que los movimientos sociales son organizaciones criminales”
Denuncian persecusión a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del PO
A pesar de la ofensiva judicial, el Polo Obrero reafirmó su compromiso con la movilización. Ayer, junto al Frente de Lucha Piquetero, encabezaron una marcha desde el Congreso hasta el Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de la restitución de alimentos a los comedores populares. “La persecución no logra quebrar a una organización que lleva más de dos décadas organizando los barrios más explotados del país”, concluye el comunicado.
La defensa del Polo Obrero apelará la decisión, y desde la organización anticipan un plan de lucha ampliado para enfrentar lo que califican como una criminalización sistemática de la protesta social.
