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    Condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

    La Cámara de Casación confirmó la condena a la ex presidenta, Cristina Fernandez de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo corresponde a la causa Vialidad por la asignación de obras públicas para la provincia de Santa Cruz. Afirman que se trata de un caso de lawfare y proscripción.


    14.11.2024 | 11:00

    La condena fue confirmada en el día de ayer por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña de la Cámara de Casación de Comodoro Py, quienes ratificaron seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entre los múltiples reacciones y pronunciamientos que hubo se destaca la clase pública que organizó Juan Grabois sobre “lawfare” y las declaraciones de el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena y el dirigente peronista Jorge Yoma.

    Afuera de Comodoro Py, el dirigente peronista, Juan Grabois brindó una clase pública sobre el “lawfare” en repudio a la sentencia contra la ex presidenta y vicepresidenta. El líder de Patria Grande expresó que: “Es una causa escandalosa. Arranca con una denuncia de Javier Iguacel, secretario de Energía de Mauricio Macri, en aquel momento director de vialidad y al que hace tres meses le pagaron con cuatro pozos petroleros de YPF en Neuquén, como producto del acuerdo entre Macri y Javier Milei”, sostuvo.

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    Para el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, el proceso judicial contra Cristina Kirchner se trataría de una persecución que “vulnera la democracia”. El funcionario expresó en Modo Fontevecchia que: “Los jueces y fiscales se apartaron absolutamente del derecho para llevar a cabo una persecución” y que se busca “atajos como la ficha limpia para sacar de la carrera a algún candidato no es sano para la democracia”. Además, expresó que es un fallo que vulnera la democracia: “No es sano que las disputas políticas se diriman en los tribunales. No es sano para la democracia. Forzar lo que no se puede lograr con los votos a través del servicio de justicia socava nuestra democracia y las instituciones. Eso es lo que le da gravedad a este caso.”

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    El dirigente peronista Jorge Yoma, criticó en su cuenta de X el reciente fallo de la Cámara Federal de Casación contra Cristina Kirchner y lo comparó con la “teoría de la bala mágica” que mató a John F. Kennedy. “La Teoría de la ‘bala mágica’ refiere al insólito trayecto de la bala que (según la Comisión Warren) mató al Presidente John Kennedy…. Una sola bala atravesó el cuello del presidente, el pecho, muñeca y el muslo del exgobernador Connally y la encontraron en una camilla del Hospital Parkland…“, posteó el dirigente peronista.

    Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la condena con una placa de Coherencia por Favor y un “Fin.” en la descripción de su posteo en la plataforma X – ex Twitter. En la misma línea se expresó la vicepresidente Victoria Villarruel, quien dijo que: Victoria Villarruel sostuvo que “es una humillación enorme para el pueblo argentino tener una ex presidente de la Nación condenada”. Y no es menor mencionar que el ex presidente Mauricio Macri, también celebró la condena manifestando que: “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”.

    Cabe destacar que mientras la condena no esté firme, afirman que Cristina Kirchner no irá presa y podría ser candidata a cargos públicos. De momento, la ex presidenta está en un encuentro con 400 mujeres y la intendenta de Moreno.

    ¿Qué es el lawfare?

    El lawfare, o “guerra judicial”, se refiere a un tipo de mecanismo en el que se utiliza el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos. En combinación con los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, se crean campañas mediáticas en base a causas que ya tienen la sentencia escrita desde que llegan al tribunal, con el objetivo de “sacar del juego” a ciertos candidatos o representantes políticos. 

    Es una forma de vulnerar los mecanismos de la democracia, anulando el normal funcionamiento electoral mediante la proscripción o encarcelamiento de líderes. El más recordado de estos casos fue la condena a Lula en Brasil por parte del juez Moro, o la persecución contra Rafael Correa, que aún le impide ingresar a Ecuador.

     

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